Detrás de este delito hay sueños truncados, familias rotas y vidas marcadas para siempre por la violencia y la explotación.
Desde el Legislativo estamos luchando contra la esclavitud moderna. Ninguna persona debe ser tratada como mercancía. La dignidad humana no puede estar sujeta a intereses criminales.
Hablar del delito de trata de personas es hablar de vidas arrebatadas. Es hablar de niñas y niños que desaparecen de sus comunidades sin dejar rastro, de jóvenes engañados con promesas de trabajo que terminan convirtiéndose en cadenas invisibles, de personas obligadas a vivir bajo el control de quienes comercian con su cuerpo, con su trabajo, con su libertad.
La trata es una de las expresiones más crueles de la violencia que todavía persisten en el mundo. Es la prueba dolorosa de que, incluso en pleno siglo XXI, hay quienes siguen explotando a las personas como mercancía. Nuestro país enfrenta una situación compleja: somos origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas. Tan solo en los últimos años se han documentado cientos de víctimas de este delito, muchas de ellas mujeres, niñas y adolescentes. Ellas siguen siendo el rostro más doloroso de esta tragedia, el rostro de una violencia que lastima profundamente el tejido social y que nos obliga, como Estado y como sociedad a actuar con responsabilidad y determinación.
Se estima que el 80% de las víctimas de trata en México son mujeres. En los últimos diez años de las 1 mil 915 mujeres de 0 a 17 años, el 95% sufrió explotación sexual. Y de la ‘cifra negra’, 90% de los casos no se denuncian. Frente a esta realidad, en días pasados aprobamos en el Senado de la República modificaciones y reforman a diversas leyes para combatir y erradicar este ilícito, así como proteger a sus víctimas.
Esta reforma propone incorporar en los planes y programas educativos contenidos que permitan prevenir e identificar la violencia de género y la trata de personas para sembrar conciencia desde las aulas. Además, este marco normativo reconoce que la lucha contra la trata requiere de coordinación real entre el Estado y sus distintas dependencias para atender un fenómeno complejo que atraviesa la seguridad, la migración, el bienestar social, la atención a víctimas y la protección de los derechos humanos.
Fortalecer la participación de distintas instancias dentro de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas permitirá construir una política más articulada, capaz de prevenir, detectar y combatir estas redes criminales desde diferentes frentes institucionales.
