En 2005, Vicente Fox Quesada tomó una decisión que hasta hoy sigue teniendo consecuencia. Como parte del operativo “México Seguro”, desplegó a elementos del Ejército Mexicano en algunas ciudades del país.
Un año después, su sucesor, Felipe Calderón Hinojosa, inició lo que se denominó “la guerra contra el narcotráfico”, para la cual el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública se generalizó a todo el país. Desde entonces, la seguridad pública del país recayó en gran medida en quienes integran las Fuerzas Armadas, quienes durante más de una década tuvieron que realizar estas actividades sin ningún tipo de sustento legal.
Fue hasta 2019, con la creación de la Guardia Nacional, que, a través de un artículo transitorio del decreto modificatorio de la Constitución aprobado por el Senado, se estableció que militares y marinos regresarían a los cuarteles en 2024, dejando de prestar servicios de seguridad pública.
Mientras tanto, la apuesta era construir desde adentro a la Guardia Nacional, reclutando personal, construyendo cuarteles, y modernizando la estructura administrativa de la otrora Policía Federal. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas contaban ya con un plazo de cinco años y con certeza jurídica para auxiliar en las labores de seguridad pública.
A dos años de que venza el plazo, la realidad es muy diferente a lo que se esperaba en 2019. La magnitud y el reto de hacer frente al crimen organizado es tal, que después de tres años de la aprobación de la Guardia Nacional, su composición es mayoritariamente castrense: 80 por ciento de quienes la integran provienen del Ejército y de la Marina.
Resulta dificil pensar, que en menos de dos años esta situación se pudiera revertir, por lo que ampliar el plazo no es cuestión de militarización, sino de simple lógica; no contar con el tiempo suficiente para lograr su consolidación resultaría en un vacío incalculable en las labores de combate y prevención de la violencia, sobre todo considerando que existen entidades federativas en donde la presencia de la Guarfia Nacional es superior en número a las de las policías estatales y municipales.
Esa es la razón de fondo por la que la iniciativa de modificación al plazo se está discutiendo actualmente en el legislativo. Esta semana, el Senado de la República intentó aprobar que el año de retiro de las Fuerzas Armadas fuera 2028 y no 2024, pero en aras de ampliar el debate y de incorporar posibles modificaciones a la propuesta, el proyecto de dictamen regresó a comisiones.
Resulta paradójico que sea el PAN el grupo político que más se opone a la ampliación del plazo, pues fue un presidente emanado de esa corriente política quien nos metió en este problema que dejó sin resolver. Sin embargo, es de esperarse que, por el bien del país, después de este proceso de deliberación las Fuerzas Armadas cuenten con mayor certeza sobre los plazos y alcances de su labor, y el gobierno con una temporalidad clara para completar el proceso de maduración de la Guardia Nacional.
