La semana pasada, la mayoría en la Cámara de Diputados, compuesta por los legisladores de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, al servicio del presidente, votó a favor de la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. La medida, presentada como una forma de reintegrar 14 mil 434 millones de pesos a la Tesorería, se disfrazó de nobleza, pero en realidad, estuvo impulsada por la sed vengativa que ha caracterizado a López Obrador a lo largo de toda su carrera política y de su administración.

Desde el titular del Ejecutivo hasta cada uno de sus súbditos, manejaron esta decisión como un acto de transparencia. Sin embargo, las apariencias engañan. La transparencia real no es un proceso que destruye uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia: la separación de poderes. El presidente no tolera la idea de que el Legislativo y el Judicial puedan funcionar de manera independiente, esperando que ambos estén alineados con él, sin cuestionar sus malas decisiones.

Y es que, precisamente, la separación de poderes existe para evitar que el poder quede en manos de un solo hombre, capaz de destruir instituciones, programas y hasta un país entero si así lo desea y lo dice su ‘dedito’. Las decisiones impulsivas y unilaterales no son el camino hacia un México próspero y democrático. Y ya lo vimos, con la mayoría en las cámaras se adueñó del Legislativo y desde ahí se han tomado decisiones cuestionables, como la eliminación de estos fideicomisos, que deberían ser objeto de debate y escrutinio en una verdadera democracia.

La realidad es que López Obrador intentó entrometerse en el proceso de elección del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una movida que no logró, pero a partir de ese momento, comenzó su camino de venganza contra quien resultó Ministra Presidenta, Norma Piña, y contra toda la estructura del Poder Judicial. Esta intromisión en el proceso de selección de líderes judiciales es una amenaza a la independencia de un poder que debería operar sin injerencia política.

La narrativa oficial sostiene que los recursos recortados al Poder Judicial se destinarán a buenas acciones. Sin embargo, la experiencia nos dice lo contrario. La eliminación de programas y fideicomisos en el pasado no ha llevado a mejoras evidentes en el bienestar de la sociedad. Lo que es más probable es que esta medida ponga a todo el sistema encargado de administrar justicia en nuestro país, de cabeza. Todo, mientras en este gobierno, los niveles de violencia e impunidad han alcanzado cifras históricas, y es este mismo gobierno el que ahora está minando la operatividad de los órganos encargados de hacer justicia.