Por tarifas eléctricas justas
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Zacatecas, 19 de febrero de 2026
La energía eléctrica es un pilar fundamental en la vida moderna, un servicio esencial que alimenta nuestras casas, nuestras industrias y nuestro progreso como sociedad. En México, la historia de la electricidad está marcada por avances significativos, pero también por problemas persistentes en la búsqueda de un sistema más justo y equitativo.
El suministro de energía eléctrica en nuestro país se remonta a la instalación de la primera planta generadora en una fábrica textil de León, Guanajuato. Desde entonces, la electricidad llegó a ciudades de todo México, pero su acceso era limitado, restringido principalmente a las áreas urbanas y a aquellos que podían pagar por el servicio.
Fue en la era del presidente Porfirio Díaz cuando el sector eléctrico se reconoció oficialmente como un servicio público y esto marcó el inicio de la electrificación en parques y áreas públicas, y el gobierno comenzó a otorgar concesiones para generar, distribuir y suministrar energía a empresas privadas. Sin embargo, esta expansión aún dejaba a una gran parte de la población sin acceso a la electricidad, limitando el desarrollo en muchas regiones del país.
La respuesta a esta disparidad llegó en 1933 con la creación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con la misión de organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin fines de lucro. Este fue un paso sustancial hacia la expansión de la red y la democratización del acceso a la electricidad.
No obstante, hoy, pese a los avances, no se ha podido dejar atrás en su totalidad el problema, enfrentamos un desafío pendiente: la fijación de tarifas eléctricas justas y equitativas. Actualmente, las tarifas no tienen en cuenta factores como la ubicación geográfica, el clima extremo o la situación socioeconómica de los usuarios. Esto significa que muchas familias pagan más de lo que deberían por un servicio fundamental.
La pandemia y la crisis económica global no hicieron más que agravar la situación, haciendo que sea aún más difícil para muchas personas mantenerse al día con sus recibos de luz. Que insisto, esto no es solo una cuestión de comodidad, es una cuestión de equidad y justicia social.
Por lo anterior, preparé una iniciativa, que estoy próximo a presentar ante mis compañeros de la Cámara de Diputados, con la cual busco que se modifique la Ley de la Industria Eléctrica Nacional, a fin de que el titular del Ejecutivo Federal pueda establecer tarifas especiales para los usuarios que habitan en las Áreas de Atención Prioritaria. Es decir, aquellas zonas rurales o urbanas cuya población registra índices de pobreza y marginación.
En tiempos de desafío, debemos encontrar soluciones para garantizar que ningún mexicano se quede atrás. Una tarifa justa no solo aliviaría la carga económica de muchas familias, sino que también contribuiría al despegue de las comunidades más necesitadas. Por ello, a partir de su presentación insistiremos en su votación lo más inmediata posible, en favor de las y los ciudadanos que nos brindan su confianza.
