En los últimos 30 años, la demanda por una justicia más eficiente, accesible y equitativa, fue creciendo de manera exponencial en México; derivado de la impunidad y corruptelas con las que se manejaba el Sistema Judicial.

Este logro, se trata del cambio más importante al Sistema Judicial desde 1994, cuando la Suprema Corte redujo de 23 a 11 sus ministros, además de crear el Consejo de la Judicatura.

A partir del próximo año, la cantidad de ministros de la Suprema Corte disminuirá a nueve y; más de 2 mil magistrados y jueces del sistema federal serán elegidos por voto popular en elecciones.

Se propone la creación de un ente disciplinario y uno administrativo para el Poder Judicial, independiente de la Corte; el cual estaría a cargo de temas relacionados con la carrera judicial y el control interno, así como de elaborar el presupuesto.

Cabe precisar que, al tratarse de una reforma al Poder Judicial Federal, no afecta en las acciones de los sistemas locales, ni a las fiscalías; órganos que llevan el grueso (80%, según datos oficiales) de los procesos en México.

También se contempla una modernización del acceso a la justicia, buscando hacerla más inclusiva para sectores históricamente marginados; tales como, pueblos indígenas, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad.

La aprobación de esta reforma es un paso firme en buscar la dirección correcta a los problemas que enfrenta el sistema de justicia en México. Aspira a fortalecer la democracia, la confianza en el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos en México.

Además, quedará marcada como un pilar fundamental del legado que dejará nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador; como piedra angular para sentar las bases de otros cambios de la 4T.

El país podría estar a las puertas de una nueva era en su sistema judicial, en la que los ciudadanos puedan tener certeza que la justicia será imparcial, accesible y eficaz, comprometida con la defensa de sus derechos.