La fuerza del Estado con legalidad
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La Paz, 5 de marzo de 2026
La detención de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, no es un hecho aislado. Es el resultado de una política de Estado que ha entendido algo fundamental: la seguridad no se improvisa, se construye con inteligencia, coordinación y determinación.
Durante años, este objetivo prioritario fue considerado uno de los líderes criminales más peligrosos a nivel internacional. Desde 2016 figuraba en la lista de los fugitivos más buscados por el Gobierno de Estados Unidos y era requerido por una Corte de Texas; en 2018 la Fiscalía General de la República ofreció 30 millones de pesos por información que condujera a su captura, y en 2024 el Gobierno estadounidense elevó la recompensa a 15 millones de dólares . No estamos hablando de un delincuente menor, sino del jefe de una organización con presencia nacional y operaciones en más de 36 países.
Su captura fue posible gracias a la coordinación interinstitucional. De acuerdo con la información oficial, hubo seguimiento técnico y trabajo de inteligencia por parte del Centro Nacional de Inteligencia, la Agencia de Investigación Criminal y la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada . A ello se sumó la Inteligencia Militar Central y la colaboración con agencias de Estados Unidos, lo que permitió ubicarlo en Tapalpa, Jalisco, planear la operación y desplegar fuerzas especiales del Ejército, Guardia Nacional y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana .
La operación fue compleja y enfrentó una reacción violenta. Hubo agresiones armadas, uso de lanzacohetes, impactos a una aeronave y bloqueos carreteros en diversas entidades. Ocho agresores perdieron la vida, dos militares resultaron heridos y se aseguraron armas largas, vehículos y equipo táctico . Los elementos actuaron bajo el marco de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Ese dato no es menor: en un Estado democrático, la firmeza debe ir acompañada de legalidad.
Reconozco la conducción firme y estratégica de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha dejado claro que la seguridad es una prioridad nacional con enfoque integral. Reconozco también el trabajo del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y del Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, así como el profesionalismo de nuestras Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. Detrás de cada operación exitosa hay hombres y mujeres que arriesgan su vida por México. No son cifras, son servidores públicos con nombre, familia y vocación.
Pero no caigamos en triunfalismos simplistas. La detención de un líder no desmantela por sí sola las estructuras financieras, logísticas y sociales que sostienen al crimen organizado. El CJNG llegó a ser designado por Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera. Eso obliga a México a fortalecer su estrategia no sólo en el terreno operativo, sino también en el financiero, tecnológico y judicial.
Necesitamos consolidar una política de seguridad con tres ejes claros: inteligencia estratégica, cooperación internacional y fortalecimiento institucional. La Unión Europea ha avanzado en el combate al crimen organizado transnacional mediante redes de intercambio de información y coordinación judicial. Estados Unidos ha perfeccionado mecanismos de persecución financiera. México debe integrar esas mejores prácticas, respetando su soberanía y su marco constitucional.
La lección es clara: cuando el Estado actúa con información, coordinación y legalidad, puede enfrentar incluso a las estructuras criminales más violentas. La omisión, en cambio, genera expansión territorial, captura de economías locales y normalización de la violencia.
Hoy enviamos un mensaje contundente: el Estado mexicano no abdica. La seguridad es condición para el desarrollo, la inversión y la paz social. No es un discurso; es una responsabilidad histórica. Y en esa tarea, la firmeza no está reñida con la ley. Al contrario: sólo con ley se construye paz duradera.
