En México, 9 de cada 10 delitos sexuales no se denuncian: Reinserta

Patricia Carrasco

Este caso “debe volver a encender todas las alertas sobre las fallas estructurales del sistema penitenciario que permitieron que estos abusos continuarán incluso al interior de un centro penitenciario”, afirmó la organización Reinserta.

Al mismo tiempo señaló que en el dispositivo celular de ese “youtuber” se encontraron nuevas imágenes que revelan posibles agresiones a menores, probablemente hijas e hijos de otras personas privadas de su libertad.

Este incidente mencionado, no es un hecho aislado, es un caso de un agresor sexual que lejos de recibir un tratamiento especializado enfocado en su reinserción social, logró evadir controles elementales de seguridad para seguir cometiendo agresiones, remarcó.

En ese sentido, la organización civil expuso que en México más de 500,000 niñas, niños y adolescentes tienen a su mamá o papá en el sistema penitenciario.

Desde 2010, han nacido 10 mil bebés en prisiones

Desde 2010 a la fecha han nacido 10,000 bebés en centros penitenciarios. El 93% de las víctimas de violencia sexual menores de 17 años son niñas. Se estima que 40 mil niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de delitos en el año.

“En Reinserta hemos documentado al menos cinco casos confirmados de abuso sexual infantil dentro de centros penitenciarios. Casos como el de Emili, víctima de abuso sexual dentro del penal de Santiaguito; los testimonios recolectados en el extinto penal de Topo Chico”.

“El caso de Tadeo, un bebé encontrado muerto tras haber sido ingresado ilegalmente a un penal en Puebla; y ahora, este crimen, refleja una crisis sistémica de protección a las infancias en entornos penitenciarios a lo largo y ancho del país”.

La ausencia de voluntad política para reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal y establecer medidas concretas para la atención especializada de estos perfiles, convierte al Estado en corresponsable de los abusos que continúan ocurriendo en los centros penitenciarios.

Un protocolo nacional que evite cualquier contacto entre infancias y personas privadas de la libertad que no sean sus familiares directos. Capacitación especializada para todo el personal penitenciario en protección de infancias y prevención del abuso sexual.

Una reforma urgente a la Ley Nacional de Ejecución Penal para incluir tratamientos especializados, monitoreo permanente y sanciones ejemplares para las autoridades que incurran en omisión.