Cuestionó además ¿qué pasará con los 100 amparos presentados por los usuarios, si son ganados y se ordena la devolución de cobros hechos en condiciones nada claras? Por lo visto el tema dará “para mucho más”.
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Pese a que existen bases legales -constitucionales- para que los Ayuntamientos del país administren los organismos responsables de la administración de los servicios de agua, drenaje, etc., la iniciativa del gobernador Jaime Bonilla Valdez para municipalizar las operadoras estatales que lo prestan en nuestra entidad, ha causado ciertas inquietudes en sectores empresariales y sociales locales.
Antes de entrar en materia, hacemos una breve reseña histórica respecto a la creación de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) derivada del decreto que emitió el gobernador Raúl Sánchez Díaz, con categoría de empresa paraestatal, manejada con un Consejo de Administración. Sus integrantes -consejeros- fueron funcionarios estatales del área de finanzas y servicios públicos encabezados por el responsable estatal de Obras Públicas, Ing. Mario Amaya Brando.
En calidad de gerente fue nombrado el Ing. Luis López Moctezuma. Como consejeros por parte del sector social fueron designados los empresarios Alfredo Araiza y Rodrigo Valle. El Consejo se reunía periódicamente para analizar estados financieros y el desarrollo de la obra en marcha. La Comisión presentaba anualmente su reporte y estados financieros al Congreso del Estado para su revisión y aprobación oficial, por conducto del CP Manuel Taylor.
Volviendo a las reacciones de empresarios mexicalenses, Octavio Sandoval López, presidente de Coparmex Mexicali, declaró a nuestro diario que “antes de concretar la acción en un -marco de transparencia- debe comprobarse mediante auditorías la existencia de finanzas sanas para evitar problemas a las próximas administraciones municipales por el pago de los pasivos actuales y lo que podrían surgir al perder los amparos pendientes de resolver”.
Por su parte, Alberto Sánchez, presidente de Canacintra Mexicali, informó en un comunicado: “El hecho tiene trasfondo político más que compromiso del gobernador Bonilla y que al carecer de un estudio previo para saber cómo se encuentran las operadoras, a tres meses de concluir su mandato es irresponsable”.
