Si el cuidado es un derecho, resaltó que el Estado debe garantizarlo y no puede seguir siendo una carga de las madres, abuelas, tías y hermanas.
DERECHO INFANTIL
Luego de un año en que la propuesta para establecer la Ley de Cuidados en Baja California fuera presentada por la diputada inicialista DAYLIN GARCÍA RUVALCABA, finalmente el Congreso local aprobó por unanimidad la legislación que garantiza el derecho a cuidar y ser cuidados, principalmente a personas con discapacidad, enfermedades, infancias y por vejez. Al respecto, la legisladora por Movimiento Ciudadano destacó que toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida, por lo que la iniciativa también aborda que los trabajos de cuidado deberán distribuirse de manera equitativa entre los géneros. “Ese trabajo ha recaído casi siempre en las mujeres y ha sido en silencio, sin reconocimiento y muchas veces a costa de sus propios sueños. Por eso hoy damos un paso importante porque reconocer el derecho humano al cuidado no es algo opcional, es justicia”, expresó.
A partir de la publicación de la ley en el Periódico Oficial del Estado, el Congreso estatal tendrá 360 días naturales para expedir la ley reglamentaria relativa al funcionamiento del Sistema de Cuidados. En este tema, precisó, “no venimos a romantizar el sacrificio, venimos a terminar con la desigualdad y dar condiciones dignas para quienes cuidan”, como la mamá que da de comer a sus hijos enfermos, la hija que a pesar de trabajar doble turno regresa a cuidar de sus padres ancianos y esa hermana que sacrificó sus sueños para cuidar de por vida a su hermano con discapacidad.
Como una situación preocupante calificó la presidenta de la asociación civil Red Internacional Fuerza Violeta, JANNET PERALTA, el hecho de que de cada mil madres a nivel nacional 90 sean menores de edad, por lo que consideró necesario que se aplique en Mexicali la reciente reforma estatal al Código Penal que prohíbe la cohabitación forzada. En esta capital, indicó, se han registrado dos casos entre 2025 y el año en curso, aunque hay cifras negras que no se denuncian. “Hemos atendido a dos adolescentes mamás, es un problema muy palpable, muy visto que no se ha tomado en cuenta, pero no solo es eso, sino que hay que tomar acciones para erradicarlo”, afirmó.
Basada en cifras estatales, señaló que esta situación ha disminuido, pero hay casos que no se han tomado en cuenta, concentrando la mayoría de estos casos San Quintín y Tijuana, sobre todo de la comunidad indígena. “A veces por usos y costumbres o el aspecto cultural, pero esto es solo un pretexto para muchos, aquí debe prevalecer el derecho superior del menor”.
La activista destacó que de acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud, en 2024 en México se reportaron 4 mil 500 nacimientos en donde la madre era una adolescente. Aunque es una estadística baja, es posible que haya mujeres menores de edad que no hayan sido madres, pero están en cohabitación forzada. “Una de las dos niñas que recibimos su pareja era una persona mucho más grande que ella; con esta ley se puede juzgar este tipo de situaciones pero si queda en el aire y no se le da seguimiento por el sistema judicial y las asociaciones civiles no va a progresar”, consideró.
Cabe recordar que el pasado jueves 26 de marzo en Baja California quedó tipificado el delito de cohabitación forzada, de manera que las personas menores de edad no sean obligadas a vivir en uniones informales con mayores de edad. La reforma establece penas de 8 a 15 años de prisión a quien coaccione, obligue o permita que un menor de edad viva con otro menor de edad o con alguien mayor de edad.
Asimismo, la ley contempla como cohabitación forzada la relación entre personas menores de 18 años o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo. Además la ley aplica una multa para quienes obliguen, manipulen, induzcan u oferten a una o varias de estas personas a unirse informalmente con o sin su consentimiento, con alguien de su misma condición o con persona mayor de 18 años de edad, con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio.
PERALTA insistió en que esta problemática tiene varias aristas que podrían restarle gravedad a la situación que enfrentan los menores de edad, por eso el sistema judicial debe imponerse y hacer prevalecer el derecho de estos menores, para evitar más embarazos -no deseados- entre las adolescentes y llevar ante la ley a los verdaderos responsables de que estos casos se sigan presentando.
