Un problema que lamentablemente sigue siendo recurrente en la ciudad son los accidentes automovilísticos. Y es que hasta este momento suman 20 personas fallecidas en lo que va de este año. Autoridades han dicho en reiteradas ocasiones que los accidentes se generan por varios factores, entre estos el consumo de alcohol, exceso de velocidad y la falta de precaución al manejar. Tan solo este fin de semana se registró un accidente en donde tres jóvenes perdieron la vida y 5 más resultaron lesionados al chocar el vehículo en el que viajaban contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad por el rumbo de Valle de las Misiones.

Según la titular de la Fiscalía General del Estado, MARÍA ELENA ANDRADE RAMÍREZ, el conductor de 19 años sobrevivió al impacto, pero se le encontró que había ingerido alcohol y consumido marihuana, por lo que enfrentará cargos por las tres vidas perdidas. Ante esta realidad, podemos afirmar que de poco han servido las multas y las campañas de concientización para que no ocurran estos percances con resultados fatales. Al respecto, el diputado por Morena, JAIME CANTÓN ROCHA, propuso una reforma al Código Penal del Estado para retirar la licencia por un año a la persona que se encuentre manejando en estado de ebriedad y si reincide dentro de los próximos 3 años, puede recibir una pena de hasta 3 años de cárcel. El legislador también está proponiendo la instalación de retenes y alcoholímetros. Pero de qué manera se determinará si una persona se encuentra en estado de ebriedad, pues cada persona es distinta, cada organismo también lo es y hay quienes son más tolerantes al alcohol que otras. 

Actualmente en la Policía Municipal no se manejan alcoholímetros, ya que si una persona tiene aliento alcohólico es remitida a los separos, donde un médico determina el estado de ebriedad mediante un análisis de sangre. Sin embargo, sugerir la prisión podría facilitar a los agentes a que no sean honestos, prestarse a la extorsión y recurrir a la mochada contra aquellos que se hayan tomado una copa y estarían dispuestos a pagar lo que sea para que no les retiren la licencia de conducir, o aún peor, pasar en la cárcel una buena temporada. Pero siendo muy mal pensados, esto podría ser utilizado hasta como un arma política.

Tal parece que la que está más que saturada con más de 800 carpetas de investigación por cada agente de ministerio público, es la Unidad de Tramitación Masiva de Causas (UTMC) de la Fiscalía General del Estado, a cargo de la coordinadora KARLA FABIOLA HERRERO SUÁREZ. Esta situación al parecer los tiene rebasados para atender de manera pronta, expedita y digna a las víctimas que acuden a dicha área a solicitar justicia, quienes tienen que lidiar con el mal genio de la recepción, además de prolongar por meses o hasta años asuntos que pueden ser sencillos de resolver o de recabar las pruebas para su judicialización, ya que aparentemente la saturación no les permite a los agentes darle el tratamiento que se merece a cada caso. Recordemos que uno de los motivos por los que la gente no denuncia algún hecho delictivo es precisamente la tardanza que toman sus casos para ser resueltos o por lo menos que el juez emita una resolución, de manera que esa montaña de carpetas de investigación no siga creciendo más, haciendo casi imposible la aplicación de una verdadera justicia.   

Quien trabaja en dos propuestas para combatir la extorsión y los actos de corrupción de funcionarios públicos es el senador JOSÉ MÁXIMO GARCÍA LÓPEZ al considerar que estos actos deben judicializarse y no concluir únicamente con el despido del funcionario público. “Cuando hay elementos suficientes, debe turnarse a la Fiscalía para que se proceda judicialmente y no sólo quede en el despido de un funcionario, sino que también haya consecuencias”. Señaló que la queja más recurrente que ha recibido por parte del sector empresarial son las extorsiones por parte de la autoridad, por lo que están revisando la manera de apretar el delito de extorsión, sobre todo cuando se tiene una responsabilidad en el servicio público. Agregó que recientemente se reunió con el alcalde de Tijuana, ISMAEL BURGUEÑO RUIZ donde abordaron el tema de la extorsión a comerciantes, por lo que muchos de los señalamientos vertidos en el encuentro los retomará para reforzar la propuesta que presentará en el Senado.