La caza a los autos Infiniti y tipo Razor no es la solución al problema de los accidentes viales. Sobre este último tipo de vehículos, simplemente no deberían circular por la ciudad por sus características más enfocadas al entretenimiento. Por otra parte, ir a la caza de una marca en específico tampoco suena algo muy brillante, pues si bien en las últimas semanas se han registrado accidentes con este tipo de vehículos con resultados fatales, esto no quiere decir que el vehículo sea responsable directo de los accidentes, a menos que se detecte algún error en el diseño del propio vehículo. Pero la apuesta debería versar en la educación vial y en la aplicación de exámenes de manejo, ya que a final de cuentas la impericia, combinada con la imprudencia y el alcohol, puede provocar resultados fatales.

Pero bueno, habrá que esperar lo que propondrá el gobierno municipal el próximo lunes para mejorar la seguridad vial, ya que los accidentes no son privativos de los vehículos Infiniti, sino de quienes los conducen, por lo que concluimos que ser propietario de un vehículo no debería ser un derecho, sino un privilegio, un privilegio que se gana después de haber aprobado diversos exámenes respecto al Reglamento de Tránsito, así como de habilidades para manejar. Y no estaría mal un examen psicológico que determine que una persona no se convierta en un peligro detrás del volante.

Este miércoles el Senado de la República se volvió nuevamente un escenario de exigencias y exhortos sin fundamento y con intenciones meramente políticas, luego de que se aprobara citar a la gobernadora de Chihuahua, MARU CAMPOS, para comparecer ante la Cámara Alta sobre la presencia de agentes de Estados Unidos en dicha entidad federativa. En respuesta, el Grupo Parlamentario del PAN, encabezado por RICARDO ANAYA, exigió  realizar la misma acción a los gobernantes de Baja California y Sinaloa, MARINA DEL PILAR ÁVILA OLMEDA y RUBÉN ROCHA MOYA, respectivamente. La primera para que explicara los motivos por los que Estados Unidos le retiró la visa y el segundo, por su presunto involucramiento en hechos delictivos y con grupos del crimen organizado en esa  entidad.

Ambas posturas, contundentes políticamente hablando, son absurdas y hasta irrisorias, ya que con la mano en la cintura cualquiera de dichos gobernantes puede negarse acudir a un citatorio de ese tipo. Concretamente, en el caso de MARU CAMPOS, aunque está citada, no está obligada acudir. Hay que recordar que los estados son libres y soberanos y no están sometidos ni al Poder Ejecutivo federal, ni al Poder Legislativo. Los estados son entes autónomos con su propia Constitución y leyes. Sí se rigen por la Constitución Política Mexicana, pero esto no quiere decir que el Senado tenga la autoridad de obligarlos a comparecer ante ellos. No es el caso del Poder Judicial, al que -por supuesto- sea del orden federal o estatal, siempre y cuando no tengan fuero, están obligados a comparecer. Es como una invitación con tus excompañeros de la secundaria, sólo vas a ir a que algunos de ellos te señalen, tal vez te cuestionen y de tu grupo de amigos sólo obtendrás halagos, pero en el fondo nadie quiere ir.

En torno al asesinato de la ex reina de belleza Baja California, CAROLINA FLORES GÓMEZ, perpetrado aparentemente por su suegra en un departamento de la zona de Polanco en la Ciudad de México, la diputada local MICHEL SÁNCHEZ ALLENDE afirmó que la violencia de género también puede generarse de mujer a mujer. Aunque la mayoría de los casos de violencia contra la mujer se efectúan por parte de hombres, reconoció que también las mujeres pueden generar violencia contra otras mujeres. “Es complicado pensar que puede haber violencia de mujeres a mujeres, pero sí es posible también. Mayormente la estadística viene de hombres, pero esto también se puede configurar como feminicidio”.

Actualmente, indicó, la ley contempla nueve razones de género para encuadrar el delito de feminicidio. Incluso esto podría contemplarse para la Ley General de Feminicidio que podría ser votado en la Cámara de Diputados la siguiente semana. “En estos casos ocupamos no sólo dar condenas ejemplares, que dan un mensaje distinto a la sociedad, nos falta trabajar muchísimo en la prevención”. En ese sentido, añadió que existen trabajos para reforzar en la materia a instituciones como la Fiscalía General del Estado, concretamente en Mexicali.