El intento de la presidenta Claudia Sheinbaum de adelantar la revocación de mandato para 2027 no fue un ejercicio de democracia participativa, sino un intento de blindaje político anticipado.

La figura de la revocación no nació para servir al poder, sino para incomodarlo, se pensó como un mecanismo para que los ciudadanos pudieran castigar un mal gobierno, no como una herramienta de ratificación disfrazada, ni mucho menos como un acto de propaganda institucional.

Su activación exige el respaldo de al menos el 3% de la lista nominal, unas 2.9 millones de firmas y para que el resultado sea vinculante debe participar al menos el 40% del electorado -38 millones de votantes-. Se diseñó así para evitar que una minoría movilizada pudiera capturar una decisión tan importante.

El Instituto Nacional Electoral (INE) quedaba muy expuesto organizando una consulta que implicaba recursos millonarios, logística y credibilidad para acabar moviéndose al ritmo de las necesidades del poder.

Lo que Claudia Sheinbaum veía como una gran oportunidad para disciplinar a su partido y sus aliados dejando políticamente expuesto a quien se atreviera a cuestionar su liderazgo refrendado por el pueblo terminó en un fracaso absoluto.

Si la revocación se convierte en una herramienta del poder para legitimarse, se vacía de contenido como mecanismo de rendición de cuentas y deja de ser útil a la ciudadanía. Así no se fortalece la democracia, por el contrario, así se le domestica. Al tiempo.