La desaparición del Fondo no ahorró dinero, sino que trasladó los costos al ciudadano que perdió su casa, al pequeño empresario que no pudo reabrir su negocio o a los gobernadores y alcaldes que se endeudan para reparar colonias, escuelas, hospitales y caminos.
Las fuertes lluvias que han azotado a Querétaro en los últimos días nos han recordado lo frágiles que somos ante la naturaleza, pero también lo dañino que puede ser ante la tragedia un gobierno populista como el que tenemos en México. A finales del 2020 el entonces presidente López Obrador decidió desaparecer 109 fideicomisos, entre ellos el del Fondo de desastres naturales (Fonden) que llegó a tener acumulados hasta 33 mil millones de pesos.
Tras su desaparición lo convirtieron en un programa social centralizado, perdiendo sus reglas, estructura orgánica, certidumbre jurídica y la mitad de su presupuesto. Ahora, los recursos que no se gastan se regresan a la tesorería, sin posibilidad de acumularlos, perdiendo la posibilidad de generar un colchón financiero para emergencias futuras y dejando incapacitada la respuesta institucional.
El resultado de esa decisión es que el país enfrenta hoy un entorno mucho más vulnerable frente a los desastres naturales y que cada tragedia obliga a improvisar con los recursos, de tener un seguro colectivo pasamos a depender de la voluntad presidencial, convirtiendo la necesidad en un juego de cálculo político, donde estados y municipios deben rogar por los recursos y los apoyos se distribuyen según conveniencias electorales y no por criterios de urgencia.
La corrupción del Fonden -que la había- no era más dañina que la inoperancia actual, la Auditoría Superior de la Federación informó que el gobierno federal ha subejercido el gasto de desastres en los últimos años, con una reducción de más del 85% en los recursos destinados a la atención de las emergencias.
Es absurdo el argumento de que la centralización de los recursos fue una medida de transparencia, la realidad es que la opacidad ha aumentado, la capacidad de respuesta disminuido y los ciudadanos quedamos a merced de un gobierno que prefiere la retórica que la eficacia.
Si bien es cierto que el fideicomiso tenía fallas, la solución debió ser la mejora en la fiscalización y la rendición de cuentas, en lugar de la eliminación total de un instrumento que era considerado uno de los más avanzados a nivel internacional para la gestión de riesgos catastróficos. Si algo nos ha enseñado el gobierno de la cuarta transformación, es el alto costo de su austeridad. Al tiempo.
