Ahora nos ocupa una reforma al Código Penal mediante la que se plasmó (Gaceta Ofical, 19/XII/17) expresamente la figura de prevaricato. El delito esencialmente consiste en violar dolosamente la ley por parte de los encargados de procurar o administrar justicia; jueces y magistrados incluidos en la segunda hipótesis. En consecuencia, no cabe la culpa según la Enciclopedia Jurídica Mexicana de la UNAM, de donde por cierto, las comisiones dictaminadoras respectivas del Congreso copiaron textualmente parte de su argumentación. Los legisladores se dieron a la tarea de crear tres artículos nuevos con un total de 34 fracciones que prevén un número mayor de casos en que la conducta de prevaricato puede realizarse. El delito puede actualizarse en tratándose de jueces y magistrados incluso cuando se omita dictar una resolución “de trámite… dentro de los términos dispuestos en la ley”, como sería el caso de no proveer la petición de unas copias certificadas. Este trabajo lo hicieron según las propias comisiones dictaminadoras “a partir de la legislación existente en otros Estados”; total, cortaron y pegaron; quisieron ahorrarle el trabajo a fiscales y jueces de pensar y determinar en qué casos adquiría facticidad el delito en cuestión y elaboraron casuistícamente las hipótesis. Muchas de ellas consisten en incumplir con normas constitucionales o procesales penales. Empero el sistema elegido es el peor para elaborar un tipo penal, ya que ningún legislador puede prever todas las conductas que la realidad ofrece. ¿Acaso era muy difícil tipificar el delito de prevaricato con una fórmula genérica? Por ejemplo la siguiente: “A los servidores públicos de las áreas de procuración e impartición de justicia que dolosamente dicten una resolución contraria a las leyes aplicables u omitan dictar una conforme a las mismas, se les impondrán…(aquí la pena de prisión y multa)”. Para los casos en que el servidor público se abstenga dolosamente de cumplir con la ley (que no es lo mismo que omitir dictar una resolución), su conducta sería constitutiva del ilícito de incumplimiento del deber legal, como cuando se abstiene de iniciar la investigación correspondiente habiendo un detenido por delito perseguible de oficio.