Tal y como se esperaba, los Diálogos para la Reforma del Poder Judicial se han convertido en un monólogo que busca legitimar una decisión que ya se tomó en las penumbras del Palacio Nacional.

La solución no es decapitar al Poder Judicial. Eso sólo beneficiará a un presidencialismo autoritario y perverso. ¿Quitar a los jueces y elegirlos por voto popular arreglará el precario sistema de justicia? No.

De esos 2.1 millones de carpetas de investigación, sólo 228 mil 903 de los casos fueron llevamos ante un juez. Y de esta cantidad, menos del uno por ciento de los delitos denunciados, acaso 11 mil 120, llegaron a ser procesos penales con juicio oral.

En síntesis: de los 26.8 millones de delitos denunciados, los jueces sólo conocieron de 228 mil 903, es decir, el 0.8%. Eso significa que 9 de cada 10 casos naufragan en el cajón de la Fiscalía, en archivos temporales, en carpetazos, sin llegar nunca al Poder Judicial.

La participación de algunos ministros y jueces en calidad de fervientes militantes de Morena y obsequiosos abogados de los intereses presidenciales, sólo confirmó que la reforma judicial es un acto de venganza, no de justicia.

La elección popular de los jueces, sin perfil, capacidad ni experiencia, podría ser la gran victoria de la delincuencia y la dolorosa derrota de las víctimas.

La puntita

En Totalco, Cuitláhuac García pretende canjear la vida de dos personas por becas para sus hijos. Esa es la justicia que nos pretenden imponer con su reforma al Poder Judicial.