Porque sin agua no hay futuro. Pero sin derechos, no hay país.
FELIZ AÑO NUEVO 2026.
La reforma a la Ley de Aguas Nacionales no es un ajuste técnico ni una actualización administrativa. Es un cambio de fondo que, bajo el discurso de la rectoría del Estado y la gestión sustentable, debilita derechos adquiridos, amplía la discrecionalidad administrativa y rompe la seguridad jurídica sobre el uso del agua en México.
Conviene decirlo sin rodeos: que el agua sea propiedad de la Nación, como lo establece el artículo 27 constitucional, no autoriza al Estado a vaciar o precarizar los derechos de uso que él mismo ha otorgado. Las concesiones no son una gracia revocable a voluntad, sino actos jurídicos que generan derechos protegidos. Durante más de tres décadas, el régimen concesional ha sido la base de la inversión productiva, la planeación de largo plazo, el acceso al crédito y el desarrollo regional. Alterar ese equilibrio no fortalece al Estado; lo debilita.
El problema central de la reforma es conceptual y constitucional. Al sustituir la transmisión de derechos entre particulares por esquemas de reasignación discrecional, el legislador confunde dos planos jurídicos distintos. La transmisión reconoce que el uso concesionado forma parte del patrimonio del titular; la reasignación supone que el volumen vuelve al control pleno del Estado. Convertir una figura en la otra equivale a una desposesión jurídica encubierta, sin declaratoria de utilidad pública ni indemnización.
Más grave aún: la reforma elude deliberadamente la figura de la expropiación, el único mecanismo constitucionalmente válido para retirar derechos por causa de interés público. El artículo 27 es claro: cuando el Estado necesita recuperar un derecho, debe hacerlo mediante procedimiento formal e indemnización. Sustituir ese camino por discrecionalidad administrativa no es modernizar la ley; es erosionar el Estado de derecho.
El riesgo constitucional es evidente. Modificar las condiciones de concesiones ya otorgadas implica aplicar la ley de manera retroactiva en perjuicio de los titulares, en abierta contradicción con el artículo 14 constitucional. La ley no puede cambiar las reglas después de haber creado derechos sin asumir las consecuencias jurídicas de esa decisión.
El impacto económico tampoco es menor. Cuando una concesión pierde estabilidad, pierde valor. Y cuando pierde valor, se cae el crédito, se deprecia la tierra, se rompe la sucesión patrimonial y se inhibe la inversión. Una política hídrica que destruye la certeza del uso termina afectando la productividad agrícola, la industria y la seguridad alimentaria.
Un Estado fuerte no es el que concentra poder discrecional, sino el que se autolimita con reglas claras, procedimientos garantistas y respeto a los derechos adquiridos. Gobernar el agua no exige destruir la certeza jurídica; exige ordenarla con legalidad, técnica y responsabilidad constitucional.
