Porque al final, más allá de la aprobación legislativa, lo que queda es la percepción de que el “Plan B” no sólo tuvo un costo institucional, sino también un precio político. Y ese, como suele ocurrir, termina pagándolo la ciudadanía.
La aprobación del “Plan B” no sólo marca un nuevo capítulo en la reconfiguración del país, sino que deja al descubierto los costos “no necesariamente visibles en el presupuesto” de la gobernabilidad que presume la actual administración. Porque si algo quedó claro en el proceso legislativo es que la aritmética política no se sostiene sola: se construye, se negocia y, sobre todo, se paga.
La presidenta y su partido han insistido en presentar esta reforma como una victoria ideológica, un avance en la consolidación de su proyecto. Sin embargo, más allá del discurso, el método revela una realidad menos épica y más pragmática. Para alcanzar la aprobación, Morena no caminó solo; necesitó del respaldo del Partido Verde, del PT y, de manera particularmente llamativa, de Movimiento Ciudadano. Y ese tipo de apoyos rara vez son gratuitos.
Surge entonces una pregunta inevitable: ¿cuál fue el precio? No necesariamente en términos monetarios directos “aunque tampoco sería ingenuo descartarlo” sino en concesiones políticas, posiciones estratégicas, candidaturas futuras o incluso la flexibilización de agendas que, hasta hace poco, parecían irreconciliables. La política mexicana tiene una larga tradición de acuerdos en lo oscurito, y sería ingenuo pensar que esta vez fue distinto.
El caso de Movimiento Ciudadano resulta especialmente revelador. Un partido que ha construido su narrativa en torno a la independencia y la “nueva política” terminó alineándose, al menos en este episodio, con el oficialismo. ¿Convicción o conveniencia? La respuesta probablemente esté en algún punto intermedio, pero lo cierto es que ese viraje no ocurre sin incentivos de peso.
Por su parte, el Partido Verde y el PT continúan desempeñando el rol que mejor dominan: el de aliados estratégicos que saben capitalizar su respaldo. No es la primera vez, ni será la última, que su apoyo resulte determinante en votaciones clave. Lo que sí cambia es el contexto: un gobierno que prometió erradicar las viejas prácticas termina dependiendo de ellas para sacar adelante sus reformas más controvertidas.
La narrativa oficial insiste en que el “Plan B” responde a un mandato popular. Pero la forma en que se consiguió su aprobación sugiere otra cosa: que el poder, incluso cuando se reviste de legitimidad democrática, sigue operando bajo las reglas clásicas del intercambio político.
Y ahí radica la contradicción central. Un proyecto que se presentó como ruptura con el pasado parece cada vez más cómodo replicando sus mecanismos. La pregunta no es si esto sorprende, la política suele ser menos idealista de lo que se proclama, sino cuánto tiempo más podrá sostenerse el discurso de transformación mientras las prácticas cuentan una historia distinta.
