Dentro de las fuentes que pueden ser consultadas sobre los temas fundamentales de la vida social, encontramos la Doctrina Social de la Iglesia Católica, pues entre otras razones descubrimos una institución con veinte siglos de experiencia conviviendo con todo tipo de sistemas de gobierno. 

Conviene dejar muy claro los siguientes puntos. Primero: La Iglesia no pretende dictar normas concretas sobre cómo deben ejercer la autoridad quienes ostentan cargos de gobierno, pero sí deja muy clara su postura sobre los principios que deben ser respetados en la custodia y procuración del bien común. Segundo: Los bienes espirituales no se deben confundir con principios religiosos, pues todo ser humano se distingue de los demás seres vivos por tener un alma espiritual, aunque pueda no profesar alguna religión determinada; y porque la vida humana supera los niveles puramente materiales y económicos.

La autoridad debe ejercerse de manera legítima, y para conseguirlo debe utilizar medios moralmente lícitos. Por tanto, los regímenes políticos deben estar determinados por la libertad de decisión de los ciudadanos y respetar el principio del «Estado de derecho». Según tal principio, la soberanía es prerrogativa de la ley, no de la voluntad arbitraria de los hombres. Las leyes injustas y las medidas contrarias al orden moral no obligan en conciencia.

El bien común es el conjunto de condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección, y afecta a la vida de todos. Supone el respeto a la persona en cuanto tal. Las autoridades están obligadas a respetar los derechos fundamentales e inalienables de la persona humana, como: la vida, la estabilidad y la seguridad de un orden justo, y fundamenta el derecho a la legítima defensa individual y colectiva.