De no haber reforma política que diga otra cosa, en septiembre de 2026 iniciará un nuevo proceso electoral federal, el 2026-2027, donde el INE deberá organizar la elección de 300 diputaciones uninominales y la asignación de 200 de representación proporcional. También el INE deberá organizar la elección del 50% de magistraturas de circuito, y juezas y jueces de distrito que falta de elegir, esto con base en lo ordenado por la reforma constitucional en materia judicial. 

Sin embargo, 2027 nos depara muchas más elecciones: en 17 estados se elegirán gubernaturas (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas), todas las alcaldías de la Ciudad de México, 30 congresos estatales y miles de integrantes de ayuntamientos. 

Uno de los grandes retos a los que se enfrentó el INE para organizar las elecciones judiciales de este año fue la fuerte reducción presupuestal, los tiempos tan cortos para agotar las diversas etapas del propio proceso electoral y la falta de normatividad para la ejecución de procedimientos que otorgarán certeza a la organización de la elección. Para los institutos electorales locales  los retos fueron similares, además de responder a configuraciones específicas de cada poder judicial estatal. 

El INE deberá instalar el 100% de las casillas que mandata la ley, en las éstas se recibirán las votaciones para diputaciones federales, para gubernaturas en 17 estados, para diputaciones locales en 30 y en algunos estados la votación para presidencias municipales y las alcaldías de la Ciudad de México. Aunado a la puesta en operación de diversos sistemas de cómputos, el registro de candidaturas, diseño de boletas, búsqueda y capacitación de funcionariado de casilla, contratación de miles de personas supervisoras y capacitadoras asistentes electorales, el PREP, el conteo rápido y sígale agregando. 

Pero además, las autoridades electorales -administrativas y jurisdicciales-, y diputadas y diputados, deberán reflexionar y responder a ciertos reclamos y exigencias de la ciudadanía en estas elecciones, como el complejo diseño de las boletas electorales, el de las candidaturas que solicitaron contar con representantes en las casillas y en los trabajos de cómputo, la existencia de acordeones, el tiempo necesario para votar, los mecanismos para conocer las candidaturas, además de solventar los pendientes inherentes a las elecciones ordinarias. Y todo esto en medio de la más grande crisis que enfrentan las democracias en todo mundo. 

Se ha hecho público que las fuerzas políticas y el Ejecutivo Federal trabajan en una reforma electoral que pudiera cobrar vigencia a partir del proceso electoral 2026-2027. Hagamos votos porque ésta atienda genuinamente las preocupaciones más sentidas de la ciudadanía.