Elecciones y economía
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Chihuahua, 17 de marzo de 2026
Sufrimos en el Siglo XX una democracia de ficción, a fines del cual logramos obtener una efímera democracia por casi 25 años con la que tuvimos un poco de institucionalidad y de gestión pública. Esto terminó en 2018 con la 4T que eliminó la gestión pública como es evidente en los deterioros pronunciados en salud, educación o infraestructura; además del fuerte ataque a la institucionalidad al ocupar a las Fuerzas Armadas en negocios jugosos a cambio de una lealtad a Morena, e iniciando los “abrazos no balazos”, favoreciendo a las organizaciones criminales.
El mayor evento económico del sexenio de AMLO no lo fue ninguna de las obras inútiles que promovió, sino el haber hipotecado las finanzas públicas para lograr el triunfo electoral de la señora Sheinbaum en 2024, en lo que gastó una cantidad equivalente al 1.5% del PIB nacional a través de incrementar fuertemente la deuda nacional; dicha elección no fue ni equitativa ni democrática, y fue seguida de un golpe de Estado logrado a través de la adjudicación tramposa de legisladores.
Será muy difícil salir de esta trampa por la vía democrática, sobre todo anticipando la reforma electoral que la señora Sheinbaum está promoviendo de manera unilateral y que tiene elementos que eliminarán los avances electorales que se habían obtenido; aunque todavía no conocemos el detalle de dicha reforma, como ejemplo tenemos su accionar en la implementación de la elección del poder judicial, que fue un fraude. Así, podemos esperar la consolidación de un régimen totalitario e inepto que ha venido debilitando cada vez más al Estado.
El mayor daño al país que ha hecho la 4T en estos 7 años, ha sido en cuanto al nulo crecimiento económico que el régimen trata de justificar argumentando que lo importante es la calidad de vida, lo que sea que eso signifique. Sin embargo, sin crecimiento económico no se producen los recursos económicos suficientes para financiar todas las obligaciones que ha contraído el Estado. Así, se han deteriorado la vida institucional, financiera y los servicios públicos como salud, educación, infraestructura, seguridad, etc.
Este déficit de recursos ha disminuido de manera preocupante el monopolio de la fuerza por parte del Estado, que enfrenta su mayor amenaza en un siglo. Esto es lo que ha promovido a escalas inimaginables a los grupos criminales, llegando a reemplazar al Estado en gran parte del territorio nacional.
En respuesta a ello la presidente continúa presentando iniciativas regresivas para el crecimiento económico y por su lado, la nueva Suprema Corte de Justicia pone en riesgo el cumplimiento de la ley, yendo en contra de derechos como el de propiedad. Ello, cuando estamos enfrentando el entorno global más riesgoso en un siglo, específicamente por la agresividad de la actual administración estadounidense.
