El día 01 de este mes hubo dos acontecimientos, relacionados entre sí:  por una parte, a nivel federal y también en los estados, el nacimiento de un Poder Judicial de la Federación y de poderes judiciales locales, con base en la reforma constitucional propuesta por el entonces presidente López Obrador y aprobada mediante un fraude a la ley, avalado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sumiso en su mayoría de integrantes al actual gobierno, al crear una mayoría calificada en el Senado de la República que nunca existió y además con la compra por parte del partido Morena de los votos de dos senadores de la oposición, traidores a sus partidos políticos, votando en favor de la reforma judicial, que contemplaba el cese de todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces federales, para sustituirlos con otros tantos que resultaran electos por voto popular y directo de candidatas y candidatos escogidos por Comités de Evaluación de los tres poderes, así como mediante el sistema de tómbola, o sea sorteo. Obvio, la presidenta Sheinbaum instruyó a sus operadores políticos para que designaran, en su mayoría,  a personas afines o partidarias de su movimiento llamado Cuarta Transformación y que en su momento resolvieran en favor de las decisiones de su gobierno. Acabaron pues con las carreras de jueces y magistrados con quince o más años en servicio, con amplia experiencia y conocimientos, permanente capacitación y probada vocación de servicio. Lo mismo hicieron las y los gobernadores de los estados.  Para lograr su objetivo, los gobiernos federal y estatales elaboraron “acordeones” con los nombres de las y los candidatos que previamente designaron. El resultado fue que llegaran como ministros de la Corte una persona sin ningún antecedente de administrar justicia, y con muy limitado conocimiento del derecho, así como repitiendo en el cargo la indocta ministra Lenia Batres y la plagiaria Yasmin Esquivel.  Por su parte, en nuestro estado llegaron a ser electas muchas personas sin experiencia jurisdiccional ni en el litigio, o bien que no cumplen con el requisito de promedio académico de nueve, siendo el caso de Rubén Aguilar Gil, quien no obtuvo en su carrera de derecho ni siquiera un promedio de ocho, aunado a que no tiene absolutamente ninguna experiencia jurisdiccional ni como litigante, salvo que pruebe lo contrario.  ¿Se imaginan que este nuevo magistrado vaya a resolver los casos en que están en juego la libertad personal, patrimonio y honra de los justiciables?. Además: ¿Quién lo designó o propuso como Secretario de Sala en funciones de magistrado penal?, ya que así en automático apareciera en la boleta de elección. Debo reconocer que fueron electas algunas personas con amplia trayectoria y experiencia jurisdiccional, pero son las menos.

El otro acontecimiento es que cesan en sus cargos algunos magistrados que solamente estuvieron en funciones diez años, sin tener antigüedad en otros cargos, obteniendo por ello pensiones vitalicias de alrededor de setenta mil pesos.  En cambio, empleados menores como secretarios de juzgados, actuarios, defensores públicos y visitadores judiciales, después de treinta años de servicio se jubilan con pensiones ridículas, solamente  con el sueldo básico.  ¿Nos podrán comentar algo sobre esto la ex presidenta del Tribunal Superior y la actual presidenta del mismo?.