El principal objetivo del Poder Judicial es garantizar la impartición de justicia, asegurando que las leyes se apliquen de manera justa, imparcial e independiente. Imparcialidad significa juzgar de manera equitativa, sin parcialidad ni adhesión a ningún partido. Independencia implica no depender de otro. A primera vista, someter a elección popular a los jueces y magistrados parece ir en contra de estos principios fundamentales.

¿Por qué digo esto? porque los candidatos deben atravesar tres fases: 1.- la selección y propuesta de candidatos por parte de un poder establecido (Ejecutivo, Legislativo o Judicial). 2.- La elección, mediante sorteo (tómbola), de los candidatos que aparecerán en la boleta electoral. 3.- La votación por la ciudadanía, la cual, en su mayoría, desconoce perfil y experiencia de los candidatos.

La primera fase pudiera generar compromiso del candidato con el grupo que lo propone, comprometiendo su independencia y, probablemente, su imparcialidad. La segunda, la tómbola, es tan absurda que merece poca discusión. Y la tercera, está evidenciando una transformación preocupante: candidatos que recurren a su imagen física como estrategia de campaña, que buscan apoyo mediante redes de amistades en lugar de méritos profesionales, y que priorizan su popularidad en eventos sobre su preparación técnica y jurídica.

Históricamente el juez ha sido una figura que dedica su vida al estudio y la actualización constante para mantenerse al día con las leyes. Ahora, debe concentrarse en agradar a los grupos que lo respaldan, en generar simpatía y en proyectar una imagen atractiva para obtener votos.

No podemos olvidar que la reforma al Poder Judicial tenía como propósito: “la concreción de un Poder Judicial más eficiente, más eficaz, más cercano a las personas y más profesional, que va a generar necesariamente una mejor justicia para el país.”

Pero aquí viene la otra parte: estas elecciones definirán a quiénes estarán a cargo de impartir justicia, y las decisiones de las personas electas impactarán directamente en la vida de todos, en lo individual como lo colectivo, ya que influirán en cuestiones cotidianas, como la exigencia del pago de una renta, así como en temas tan delicados y complejos como la resolución de la guarda y custodia de un menor, o la libertad de una persona, entre otros más.

En resumen, más allá de participar o no en las urnas, lo urgente es entender que, en esta ocasión, no se eligen representantes políticos, sino custodios de la ley. Los empresarios, conscientes de la importancia de una justicia predecible y profesional para el desarrollo económico y social, asumimos el compromiso de vigilar este proceso con observadores electorales.