No es momento tampoco de un Plan B
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Chihuahua, 18 de marzo de 2026
En los momentos que exigen mayor responsabilidad institucional, México necesita claridad, prudencia y visión de Estado. El debate actual sobre una reforma electoral —y ahora la propuesta de un “Plan B”— no responde a una urgencia nacional ni a una demanda prioritaria de la ciudadanía. Por el contrario, introduce incertidumbre en un momento en el que el país debería concentrar sus esfuerzos en atender desafíos apremiantes como la seguridad, el crecimiento económico, la generación de empleo y el fortalecimiento del Estado de derecho.
Desde COPARMEX Cuauhtémoc, reiteramos y sostenemos con firmeza que no es momento tampoco de un Plan B. Las instituciones democráticas no pueden ni deben ser objeto de ajustes apresurados o decisiones unilaterales. Su fortaleza radica en la confianza ciudadana, en la estabilidad de sus reglas y en el consenso que les da origen. Alterar estos equilibrios sin un acuerdo amplio y sin un diagnóstico técnico profundo debilita, en lugar de fortalecer, la vida democrática del país.
Es importante subrayar que, en el proceso legislativo reciente, ni siquiera todos los partidos que integran la coalición gobernante respaldaron el denominado “Plan A”. Este hecho no es menor: evidencia la ausencia de un consenso político sólido para impulsar cambios de fondo en materia electoral. Pretender avanzar ahora hacia un “Plan B” en esas condiciones no solo resulta improcedente, sino que podría profundizar divisiones y erosionar la confianza en las instituciones.
La democracia mexicana actual ha sido producto de décadas de construcción colectiva. Es el resultado de reformas, acuerdos y aprendizajes que han permitido transitar hacia procesos electorales más equitativos, transparentes y confiables. Cualquier modificación a este andamiaje debe partir del respeto a esos avances, de la inclusión de todas las voces y de un compromiso genuino con los derechos fundamentales de las y los ciudadanos.
En este contexto, el papel del Senado de la República y del Poder Legislativo en su conjunto es determinante. Se requiere actuar con responsabilidad, con altura de miras y con una visión que privilegie el interés nacional por encima de cualquier coyuntura política. Las decisiones que se tomen en esta materia tendrán implicaciones profundas para la estabilidad institucional y la confianza pública.
Por ello, desde el sector empresarial, reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la democracia, de las instituciones y de las libertades que sostienen nuestro sistema político. Y hacemos un decisivo llamado a los legisladores a no aprobar esta nueva propuesta, improvisada, y parcial, emanada del gobierno en turno por atentar contra los derechos de los mexicanos.
