El reto de la Fiscalía Anticorrupción

La elección del próximo Fiscal Anticorrupción en Jalisco no es un trámite más dentro del calendario político. Es, en realidad, una prueba de fuego para un sistema que lleva años prometiendo combatir la corrupción y que, hasta ahora, no ha logrado convencer a una ciudadanía cansada de escándalos, desvíos, obras infladas y funcionarios intocables.

La terna enviada por el gobernador Pablo Lemus —integrada por Tatiana Anaya, Ricardo Sánchez Beruben y Cipriano Manzanilla— concentra perfiles con trayectoria, preparación y experiencia en la administración pública. Sin embargo, también concentra un elemento que no puede pasarse por alto: los tres han tenido o tienen relación directa con gobiernos estatales.

Y ahí empieza el verdadero dilema, porque si algo ha quedado claro en los últimos años es que las fiscalías anticorrupción, en México, suelen nacer con buenas intenciones y terminar convertidas en instrumentos políticos. En armas de presión contra adversarios, en vitrinas de simulación o, peor aún, en cementerios de expedientes.

Jalisco no es la excepción, durante el sexenio de Enrique Alfaro, la narrativa del combate a la corrupción fue recurrente, pero algunos casos emblemáticos se diluyeron, investigaciones se empantanaron y la percepción ciudadana se mantuvo intacta, la corrupción no se castigó, se administró.

Ahora, con Pablo Lemus al frente del Ejecutivo estatal, la expectativa es distinta, pero el riesgo es el mismo. La designación del Fiscal Anticorrupción marcará el rumbo de una institución que debería ser incómoda para todos, no cómoda para el poder.

Tatiana Anaya, con experiencia en áreas jurídicas y de control; Ricardo Sánchez Beruben, con una trayectoria ligada a temas de seguridad y justicia; y Cipriano Manzanilla, con carrera dentro del aparato gubernamental, enfrentan un reto que va mucho más allá de su currículum: demostrar que pueden investigar sin consigna, sin línea y sin miedo.

Porque no se trata solo de ver hacia atrás, sino también hacia el presente, la Fiscalía Anticorrupción tendrá, inevitablemente, que revisar decisiones, contratos, licitaciones y obras de la administración de Enrique Alfaro, pero también de la actual administración de Pablo Lemus y ahí es donde se pondrá a prueba su verdadera independencia.

La pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿podrán investigar a quienes fueron sus jefes, colegas o aliados políticos? ¿Podrán resistir presiones cuando los expedientes apunten hacia las oficinas más altas del poder estatal? ¿O terminarán convertidos en piezas de una estrategia política que persiga únicamente a la oposición o a gobiernos pasados, como se ha vuelto costumbre en buena parte del país?

La Fiscalía Anticorrupción no puede ser un tribunal de venganzas ni una oficina de protección institucional, debe ser, por definición, un órgano incómodo, técnico, autónomo y con dientes. Un espacio donde los expedientes no se archiven por conveniencia y donde las investigaciones no se activen por consigna.

Hoy Jalisco necesita una fiscalía que no distinga colores, partidos ni apellidos, que investigue con la misma firmeza a un exsecretario alfarista que a un funcionario de la administración actual. Que no tema tocar intereses económicos ni redes políticas y que no negocie la justicia en mesas de café ni en acuerdos de gobernabilidad. Porque la corrupción no es un problema del pasado, es un problema estructural que sigue drenando recursos públicos, debilitando instituciones y erosionando la confianza ciudadana.

La designación del nuevo Fiscal Anticorrupción debería ser una oportunidad para romper con la simulación, para demostrar que el discurso puede convertirse en política pública real y para enviar un mensaje claro: en Jalisco, quien robe, quien desvíe, quien abuse del poder, tendrá que enfrentar consecuencias.

No será sencillo, Tatiana Anaya, Ricardo Sánchez Beruben o Cipriano Manzanilla no solo asumirán un cargo; asumirán una responsabilidad histórica, la de demostrar que la Fiscalía Anticorrupción no es una oficina decorativa ni un botín político, sino una institución al servicio de la legalidad. La sociedad jalisciense no espera milagros, pero sí exige coherencia., no pide persecuciones mediáticas, pero sí investigaciones sólidas y no quiere espectáculos, pero sí resultados.

El reto es enorme, ojalá estén a la altura, porque si fallan, no solo fallará una designación: fallará, una vez más, la promesa de que en Jalisco la corrupción se combate y no se protege.

Académico Universidad Panamericana*

@alfredocejar

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