Porque al final, el transporte público no se mide en pesos y centavos, sino en tiempo, trato y calidad de vida y ahí es donde este gobierno será juzgado.
En Jalisco, pocas decisiones de gobierno generan tanto ruido social como el aumento a la tarifa del transporte público, no importa cuántas veces haya ocurrido ni cuántos argumentos técnicos se presenten, tocar el precio del camión es tocar una fibra sensible para millones de usuarios que todos los días dependen de él para trabajar, estudiar o simplemente llegar a casa y como ya es costumbre, el ajuste llega en periodo vacacional, cuando la presión social baja, las escuelas están cerradas y la protesta se diluye entre maletas y destinos turísticos.
A partir de abril, la tarifa pasará de 9.50 a 14 pesos. En el papel, el golpe se amortigua con un subsidio de 3 pesos que el gobierno otorgará a los transportistas y con un esquema que dejará el aumento real en apenas 1.50 pesos para los usuarios que cuenten con la tarjeta que distribuirá el propio gobierno, la narrativa oficial dirá que no es un aumento, sino un ajuste responsable; la calle dirá otra cosa.
Hay que decirlo con claridad, el incremento era inevitable, durante la pasada administración se decidió congelar la tarifa por razones eminentemente electorales. No fue una decisión técnica ni financiera, fue política, se optó por patear el bote, evitar el costo mediático y dejarle la bomba al siguiente gobierno. Hoy, ese costo lo paga Pablo Lemus, quien arranca su administración cargando con una decisión impopular que no se tomó en su momento por puro cálculo político.
El problema no es solo el aumento, sino el contexto en el que se da. Jalisco ya vivió esta película. Durante los gobiernos de Francisco Ramírez Acuña y Emilio González Márquez, el subsidio al transporte fue la norma, se inyectaron recursos públicos con la promesa de mejorar el servicio, pero en los hechos los únicos beneficiados fueron los dueños de los camiones. El usuario siguió esperando rutas que nunca llegaron, unidades que no pasaban y choferes que manejaban como si la calle fuera pista de carreras.
Por eso hoy la pregunta central no es si el aumento es necesario, porque lo es, sino si esta vez será distinto. Si el subsidio realmente se traducirá en un mejor servicio o si volveremos a un esquema donde el dinero público termina fortaleciendo a un sector históricamente protegido, el llamado “pulpo camionero”, que oficialmente ya no existe, pero que en la práctica sigue teniendo tentáculos largos y bien aceitados.
Aquí es donde el reto se vuelve doble para el gobierno estatal, por un lado, Pablo Lemus debe demostrar que su administración no repetirá los vicios del pasado y que el aumento no será un simple parche financiero, por otro, el secretario de Transporte, Diego Monraz, tiene la responsabilidad de hacer que el sistema funcione como debe, con aumento o sin él, porque muchas de las fallas actuales no dependen del precio del pasaje, sino de la falta de supervisión y de autoridad.
Los camiones nuevos ya están, esa etapa, al menos en el discurso, está superada. Hoy el problema es otro y mucho más complejo, la operación diaria. Choferes mal capacitados y mal pagados que maltratan al usuario; rutas que no se respetan; unidades que juegan carreritas para ganar pasaje; tiempos de espera que superan los 30 minutos; zonas completas sin cobertura suficiente. Todo eso ocurre hoy, con la tarifa actual, y todo eso debería corregirse independientemente del aumento.
Si el usuario va a pagar más, aunque sea 1.50 pesos, tiene derecho a exigir más. No un discurso, no una promesa, no una mesa de diálogo, sino resultados, y esos resultados no se miden en comunicados de prensa, sino en la experiencia cotidiana del transporte público, en que el camión pase a tiempo o en que el chofer trate con respeto, en que la ruta exista y se cumpla y en que el servicio sea predecible y digno.
El riesgo para la administración estatal es alto, si el aumento se percibe como un simple subsidio disfrazado, la factura política será inmediata. El recuerdo de los viejos esquemas sigue fresco y la desconfianza ciudadana no se borra con facilidad. La diferencia entre un ajuste responsable y un nuevo capítulo del subsidio al transporte está en la vigilancia, en las sanciones y en la voluntad real de enfrentar intereses.
Diego Monraz tendrá que demostrar que la Secretaría de Transporte no es solo una oficina administrativa, sino una autoridad que regula, supervisa y castiga cuando es necesario, porque si no hay consecuencias para quienes incumplen, el aumento será solo un cambio de cifra en el lector de la tarjeta, no una mejora en el sistema.
Este aumento puede marcar el inicio de una nueva etapa o confirmar que en Jalisco seguimos atrapados en los mismos círculos. Pablo Lemus tiene la oportunidad de hacer la diferencia y romper con la lógica del pasado, pero también corre el riesgo de quedar atrapado en ella, la clave estará en que el usuario vea el cambio, no en el precio, sino en el servicio.
