La decisión del gobernador desactivó un conflicto que comenzaba a crecer, ahora toca pasar de la corrección política a la eficacia administrativa. Escuchar fue el primer paso, hacer que el transporte realmente valga lo que cuesta será el verdadero desafío.
Académico Universidad Panamericana.
@alfredocejar
La decisión anunciada por el gobernador Pablo Lemus de mantener la tarifa del transporte público en 11 pesos, acompañada de un subsidio general de 3 pesos sin la condición de tramitar la tarjeta única, abre un debate interesante sobre la forma en que se construyen y también se corrigen las decisiones públicas.
La primera pregunta que surge es inevitable, ¿quién ganó esta batalla? ¿La sociedad civil que alzó la voz frente a lo que consideraba un tarifazo, o el propio gobernador al mostrar capacidad de escucha y rectificación? La respuesta, probablemente, no está en uno u otro extremo, en realidad, ambos factores terminaron confluyendo para producir el resultado que hoy conocemos.
Durante los últimos días, el ruido fue evidente, organizaciones civiles, usuarios del transporte y distintos actores sociales expresaron su inconformidad no solo por el incremento en el costo real del servicio, que alcanzaría los 14 pesos, sino, por la forma en que se pretendía operar el subsidio. La condición de tramitar una tarjeta única para acceder al apoyo económico fue percibida por muchos como una medida burocrática e innecesaria que complicaba el acceso a un servicio esencial.
En política, la forma importa tanto como el fondo y en este caso, la narrativa que comenzó a instalarse fue la de una decisión tomada sin suficiente sensibilidad hacia la realidad cotidiana de miles de usuarios del transporte público. De haberse mantenido esa postura sin escuchar el malestar social, el costo político habría sido significativo, particularmente para un gobierno que todavía tiene por delante varios años de administración y un horizonte electoral en 2027 donde cada decisión cuenta.
Por eso resulta relevante reconocer un elemento que pocas veces aparece en la política mexicana, la capacidad de rectificar y decir “me equivoqué”, aunque no se pronuncie literalmente, también puede expresarse a través de las decisiones. Lo que se observó en el mensaje del gobernador fue precisamente eso, un gobernante que revisa una política, escucha a sus asesores, mide el clima social y decide ajustar el rumbo.
No todos los gobiernos hacen eso, hay administraciones que se encierran en sí mismas, que confunden firmeza con terquedad y que prefieren sostener decisiones impopulares antes que reconocer un error. La historia política está llena de ejemplos de gobernantes que dejaron crecer conflictos sociales simplemente por negarse a escuchar.
Sin embargo, rectificar no significa que el tema esté resuelto. El nuevo esquema implica que los usuarios seguirán pagando 11 pesos por viaje, mientras que el gobierno aportará 3 pesos adicionales por cada pasaje, esto significa que el costo real del transporte será de 14 pesos, solo que una parte la absorberán las finanzas públicas.
Y ahí surge el siguiente reto, la calidad del servicio. Si el gobierno subsidiará parte de la tarifa, la responsabilidad de vigilar que el transporte público funcione correctamente se vuelve aún mayor. Es decir, el subsidio no puede convertirse únicamente en un apoyo para los transportistas sin que exista una exigencia clara de mejora en la calidad del servicio.
Esa será, en buena medida, la tarea de la Secretaría de Transporte, supervisar unidades, frecuencias, condiciones del servicio y trato a los usuarios no es un favor que se le hace a la ciudadanía; es una obligación básica del Estado cuando se utilizan recursos públicos, ahora más que nunca tendrán que desquitar el sueldo que se les paga en la Secretaría de Transporte, no hay justificación y tendrán que dar resultados.
Porque no hay que perder de vista un detalle fundamental, esos 3 pesos de subsidio no salen del bolsillo de los funcionarios, no los pone el Secretario de la Hacienda, Luis García, ni el secretario de Transporte, Diego Monráz. Ellos son los primeros que deben tener claro que ese dinero sale de los impuestos que pagan los ciudadanos y al final del día, son administradores de esos recursos.
