Armando Maya Castro
Ayer se cumplieron 195 años de la coronación oficial de Agustín de Iturbide y Arámburu como primer Emperador de México, esto tras haber sido proclamado como tal, la noche del 18 de mayo de 1822.
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La ceremonia de entronización de Iturbide, nacido el 27 de septiembre de 1783 en Valladolid, fue coronada por un “Te Deum” de acción de gracias en la Catedral de México, el 21 de julio de 1822. Su coronación contó “con el apoyo de la oligarquía criolla, del ejército y de la Iglesia” (Ruiz de Gordejuela, 2006).
Hablamos sin lugar a dudas de uno de los personajes más controvertidos de la historia de México, cuya política económica “estuvo determinada por la profunda crisis económica heredada tras once años de guerra”, refiere Ruiz de Gordejuela, quien añade que, para superar dicha crisis, Iturbide “redujo el impuesto de la alcabala del 16 al 6%”, además de buscar “el apoyo de los comerciantes y capitalistas residentes en México”, señala el citado autor.
El 28 de abril de 1824, el Congreso Constituyente lo declaró traidor y fuera de la ley, “siempre que se presente en cualquier punto de nuestro territorio, y bajo cualquier título”. Pero la Iglesia católica nunca lo tuvo en ese concepto, por los lazos que ligaban a este personaje con los jerarcas del catolicismo.
Sin embargo, para hablar de esos vínculos, es obligado referirnos a la Profesa, iglesia mercedaria frecuentada por la aristocracia criolla de la Ciudad de México. En ese templo católico se realizaron varias reuniones clandestinas entre el clero y Agustín de Iturbide, encabezadas por el sacerdote Matías de Monteagudo, con el propósito de pactar la independencia de México, poniendo a salvo los intereses y privilegios de los grupos interesados, entre ellos los de la Iglesia católica. A esta serie de reuniones secretas se les conoce como Conspiración de la Profesa.
Para corroborar su afirmación, en el sentido de que, al consumarse la independencia de México, el alto clero “no vio minado su poder”, sino que dicho poder “cobró una fuerza inusitada”; Galeana (1991) nos recuerda que las juntas de la Profesa y el Plan de Iguala “garantizaron la supremacía de la Iglesia católica”.
La citada autora señala que la independencia de México fue también la independencia de la Iglesia, que se libró entonces del Regio Patronato y de la Constitución liberal de Cádiz. De esta manera, “agigantado su poder político por su intervención en la independencia, la Iglesia pasó a la época independiente con el poder político, fuerza económica, control social y una férrea organización".
Al consumarse nuestra independencia, el Plan de Iguala (24 de febrero de 1821), los Tratados de Córdoba, el Segundo Congreso Mexicano, instalado en 1822, y el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, favorecieron exclusivamente a la Iglesia católica, excluyendo a las demás religiones, cuyo ingreso al país no era permitido. Este principio de intolerancia religiosa se prolongó e impregnó a la mayoría de las constituciones mexicanas del siglo XIX.
Agustín de Iturbide afirmó en su tiempo, como lo hicieron posteriormente Miramón (en la época de Benito Juárez), y Palomar Vizcarra (en tiempos de la Guerra Cristera), que “la Iglesia católica era y es la base de la Patria [...] la religión es la Patria y quien no ama a la Religión es un traidor” (Bettini, 2012).
Estas son algunas de las razones por las que diversos autores católicos consideran a Iturbide “el único y verdadero libertador de México”, por encima de Hidalgo y Morelos, quienes fueron combatidos por Iturbide en 1810, además de morir excomulgados por la Iglesia católica, sin el reconocimiento que le dan a Iturbide.
