La pregunta es: ¿hasta dónde estará dispuesta la presidenta Claudia Sheinbaum a encubrir a dos de los hombres más cercanos del líder del movimiento de la mal llamada cuarta transformación y quien la puso en la presidencia?
Profesor de la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadores
jchairesz@hotmail.com
La narrativa de que los políticos de la autollamada cuarta transformación no son iguales a los políticos de antes, está cayendo por su propio peso. Los escándalos de muchos de ellos lo están confirmando. Y aunque desde que llegó López Obrador a la presidencia comenzaron a brotar los escándalos no había forma de que se investigaran, porque las fiscalías no los judicializan por estar cooptadas por el gobierno.
Desde los famosos sobres amarillos de los hermanos del expresidente, la casa gris del hijo de López Obrador, pasando por los ventiladores del hijo de Manuel Bartlett, las propiedades de alto valor de varios miembros del partido, contratos millonarios sin licitar, el caso de SEGALMEX, obras a sobreprecio y desvíos de recursos públicos detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, entre muchos otros casos.
El argumento siempre ha sido el mismo, que son mentiras, que ellos no son como los políticos anteriores. No hay ningún acto de autocrítica y, mucho menos, ningún intento de iniciar las investigaciones para esclarecer los señalamientos y deslindar responsabilidades. Se saben impunes porque no quisieron que las fiscalías fueran autónomas y porque desaparecieron al órgano responsable de transparentar la información pública y, sobre todo, porque ahora también controlan al poder judicial.
No fue sino hasta que dos de los más grandes narcotraficantes del país comenzaron a hablar, que se les ve preocupados. Dos escándalos recientes están confirmando lo que muchos acusaban desde el inicio del gobierno de López Obrador: que existen fuertes indicios de colusión con el crimen organizado. Uno, es la acusación de lavado de dinero de VECTOR Casa de Bolsa propiedad de Alfonso Romo, nada menos que el jefe de la oficina de la presidencia de López Obrador. Otro, las investigaciones sobre Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de seguridad pública de Adán Augusto López cuando fue gobernador de Tabasco, acusado de ser el líder del grupo criminal “la barredora”.
La diferencia es que la investigación sobre Alfonso Romos viene de los Estados Unidos, de lo contrario nunca nos hubiéramos enterado. Hasta después de los señalamientos de la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos, es que la Secretaría de Hacienda de México comenzó también a investigar.
En tanto que la investigación a Hernán Bermúdez Requena la inicia el actual gobierno de Tabasco, que también es de MORENA. Los señalamientos en contra de Bermúdez no son recientes, sino que se sabían desde 2019, incluso desde años antes. Es claro que sin la venia de Claudia Sheinbaum nunca hubiera salido a la luz.
