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La alerta sanitaria por sarampión en Jalisco no apareció de la noche a la mañana. Es el resultado de decisiones tardías, de omisiones acumuladas y, sobre todo, de una preocupante incapacidad del gobierno federal para coordinar una respuesta eficaz frente a un problema que se veía venir.
Hoy Jalisco encabeza el número de casos a nivel nacional en lo que va del año. Ya hay suspensión de clases en algunas escuelas, uso obligatorio de cubrebocas en planteles y una legítima preocupación de madres y padres de familia. Mientras tanto, la respuesta federal sigue siendo lenta y fragmentada, justo cuando el estado se prepara para recibir eventos masivos y una alta movilidad de personas rumbo al Mundial de Futbol.
Los datos son claros: la caída en la vacunación contra el sarampión comenzó antes de la pandemia. En 2019, por compras tardías y dosis insuficientes, más de un millón y medio de niñas y niños no fueron vacunados. Ese retroceso rompió la inmunidad colectiva y nos hizo perder el estatus de país libre de sarampión que México había logrado en 2016. El costo de ese descuido hoy lo pagan las familias.
Cerrar escuelas o imponer cubrebocas puede ayudar de manera limitada, pero los expertos coinciden en algo contundente: lo único que realmente funciona es la vacunación masiva. Alcanzar nuevamente una cobertura superior al 95 por ciento no será fácil y tomará años, pero sin una estrategia nacional clara, con logística suficiente y coordinación real con los estados, el esfuerzo local será insuficiente.
La salud pública no admite cálculos políticos ni excusas administrativas. Se perdió tiempo, se relajaron campañas y hoy el país enfrenta un brote que expone a millones. Jalisco está haciendo lo que le corresponde, pero no puede ni debe hacerlo solo. Cuando se trata de proteger la vida, la coordinación no es un favor: es una obligación del Estado mexicano.
