El descubrimiento de los atroces hechos en el Rancho Izaguirre, ubicado en Tehuchitlán, Jalisco, ha sacudido al país y ha puesto al estado en el ojo del huracán mediático. Este lugar se ha convertido en un símbolo de la tragedia vivida por miles de familias en México, quienes, durante años, han sido víctimas de un sistema que normaliza la violencia y la complicidad con el narcotráfico. Los relatos de jóvenes engañados en busca de trabajo, atrapados en un ciclo de explotación y exterminio, evocan comparaciones inquietantes con los guetos nazis, donde se aplican tácticas de reclutamiento y eliminación por parte de los cárteles de la droga.
La reacción colectiva ante estos hechos ha sido profunda, pero también problemática. Si bien existe una indignación generalizada, es crucial reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros desempeña en este entramado de complicidad. Las autoridades, en todos sus niveles, han sido acusadas de omisiones y complicidades que han permitido que estos horrores se desarrollen casi a la vista de todos. Sin embargo, en medio de esta indignación, se observa un fenómeno político donde se aprovecha la tragedia para atacar a adversarios políticos, sin una reflexión genuina sobre la situación.
La sociedad mexicana se ha convertido en un cómplice silencioso, conviviendo con el narcotráfico como si fuera parte de la cotidianidad. El lavado de dinero se ha infiltrado en nuestras economías locales; tan solo como algunos ejemplos podemos decir que el desarrollo inmobiliario en Guadalajara ha crecido a pasos agigantados, con precios exorbitantes que plantean preguntas sobre el origen de quien compra. Las prácticas de pago en efectivo en vehículos, en tiendas de marcas premium, en bienes inmuebles y el uso de arte como refugio para inversiones no fiscalizadas son solo algunos ejemplos de cómo se coexiste con la delincuencia organizada. La ostentación de riquezas y el aumento del sector médico estético, que se enriquece con pagos en efectivo, son manifestaciones de sectores en específico que se benefician directamente y por ende normalizan esta convivencia con el crimen.
La indolencia también juega un papel fundamental. Muchos prefieren cerrar los ojos ante la realidad, pidiendo respeto a su manera de pensar y silencio cuando se menciona o cuestiona, mientras llevan vidas tranquilas, ajenas a las atrocidades que se perpetúan a su alrededor. Esta falta de acción y conciencia contribuye al fortalecimiento de la delincuencia, que está entre nosotros. La responsabilidad no recae solo en los gobernantes corruptos, sino en todos nosotros, que de alguna manera nos beneficiamos o permanecemos indiferentes.
Los medios de comunicación tienen su propia cuota de responsabilidad. En lugar de generar un debate profundo y crítico, a conveniencia caen en la trampa de las "narconovelas", películas o publicaciones en su programación que trivializan la violencia y glorifican la vida delictiva. La fascinación por los corridos tumbados y la cultura de la apología del delito en la música popular refleja una desconexión entre la realidad y la narrativa que consumimos.
Finalmente, debemos cuestionarnos: ¿Cuántas veces hemos ignorado las señales de advertencia sobre las actividades ilícitas de aquellos que nos rodean? De nuestros hijos, compadres, amigos o compañeros. ¿Cuántas veces hemos optado por el silencio en lugar de confrontar la realidad? ¿Por qué seguimos conviviendo, ensalzando el nivel de vida o el poder que otorga el dinero mal habido? La tragedia del Rancho Izaguirre no es un hecho aislado, sino un espejo de una sociedad que ha permitido que el crimen llegue a esos niveles de brutalidad. Es imperativo que, como comunidad, reconozcamos nuestra complicidad y busquemos un cambio genuino que no solo responsabilice a las autoridades, sino que
también promueva una reflexión crítica sobre nuestras propias acciones y decisiones. Solo así podremos aspirar a un futuro en el que podamos mirar de frente a las nuevas generaciones.