Director del Observatorio Académico de Justicia y Seguridad Pública de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara.*
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Según la real academia española, “terna” significa una propuesta de tres elementos que de acuerdo a sus valores, capacidades y conocimientos, uno de ellos puede ser designado conforme lo establece el articulo 53 de la Constitución Política del Estado, que además de reunir los requisitos que establece la misma Constitución, para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y toda vez de que el citado artículo 53 única y exclusivamente fija como condición al ejecutivo del Estado, que en el caso de la elección del Fiscal de la entidad, únicamente este funcionario debe ser electo por la mayoría calificada de los integrantes del Congreso que la constituyen las dos terceras partes, previa la “comparecencia de las personas propuestas requisito sine qua non”, es decir, condición indispensable que fija la carta magna que rige al Estado de Jalisco y que no obstante, una minoría que al parecer son los únicos que saben derecho o por lo menos conocen su constitución y no la mayoría que resulta descalificada al parecer una insana sumisión o por la evidente ignorancia de haber aprobado en principio, una designación que es ilegal el acto, no obstante que este previsto esa facultad en la ley orgánica del poder ejecutivo que por simple analogía se debe de entender que hay una ley suprema para el Estado que es la Constitución Política, que hace que se repita la ilegalidad en esta administración naciente, que la inmediata anterior dado el estilo soberbio y arrogante del ejecutivo, que una mayoría femenina sin ningún recato de todos sus miembros mantuvieron un secreto sepulcral, no obstante de habérselos referido mas de alguna vez la ilegalidad de ese nombramiento que vicia su actuación, por lo que es deseable que la legislatura naciente igual que el titular del ejecutivo, sin que se descalifique al funcionario designado, sino únicamente como lo han protestado dichos funcionarios de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las que de esta emanen, como es el caso de la Constitución Estatal que por la más elemental lógica jurídica, tiene supremacía sobre la ley secundaria como lo es la ley orgánica del poder ejecutivo.
Desde luego sin el animo de afectar la felicidad que le ha dado el voto de los ciudadanos que le permitió alcanzar el máximo cargo jalisciense a que todo bien nacido aspira, que desde luego es muy legítimo, pero atendiendo a su propuesta de ser un gobernador serio, respetuoso y respetable que cumplirá y hará cumplir la ley, el deber profesional de conocer la ley que nos rige, obliga de manera respetuosa a pedir su atención y la de la mayoría de la legislatura que no obstante de tener grados académicos reconocidos y universitarios distinguidos, dentro los cuales hay como ya lo dije, unos de sus integrantes con una razón por demás valida, como es el de respetar la Constitución, aprobaron ese acto que resulta ser ilegal por no ceñirse a lo establecido en la Carta Magna de los Jaliscienses que si bien es cierto, en el caso de la federación ochenta y siete senadores incumpliendo con su propia convocatoria para la elección de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que no cumplió con los mas elementales requisitos de dicha convocatoria además de haber participado, un buen numero de damas, entre ellas una jalisciense que resulto aprobada en todos sus términos junto con otras dos y que la propia presidenta de la Republica indebidamente consintió con una justificación por de más ligera ya que no fue un acto propio, sino del senado de la Republica que traicionando la responsabilidad que entraña el cargo de senador y que tienen para con los estados que conforman la federación de representar cabalmente a dichas entidades y que incurriendo en una conducta indecorosa por demás grave y de mala fe, faltando a su compromiso constitucional de cumplir y hacer cumplir la Constitución que rige este país.
La formación académica que contiene la responsabilidad profesional y que obliga a anteponer el decoro universitario ante cualquier riesgo de que se pudiera dar una interpretación indebida a lo que resulta ser un deber simplemente que con toda dignidad y honor se debe asumir.
