Otro aspecto clave que se ha descuidado es la transición energética. En un mundo que avanza rápidamente hacia fuentes renovables y modelos de producción más sustentables, México se está quedando atrás.
Cada 18 de marzo, México conmemora un hecho histórico de enorme relevancia: la expropiación petrolera de 1938, encabezada por el entonces presidente Lázaro Cárdenas. Aquel acto, que dio al país el control de sus recursos energéticos, representó un hito en la construcción de la soberanía nacional y un momento de orgullo para muchas generaciones. Sin embargo, al analizar el estado actual de la política energética, resulta difícil encontrar razones para celebrar con el mismo entusiasmo. Pues, lejos de avanzar en un modelo energético que beneficie a la población y garantice la seguridad energética del país, la gestión gubernamental en la materia ha evidenciado problemas estructurales que dificultan la modernización y el desarrollo del sector.
En los últimos años, la estrategia gubernamental en materia energética ha dejado mucho que desear. Pese a la narrativa oficial que insiste en fortalecer a Pemex y a la CFE, los resultados han sido insuficientes para generar un verdadero impacto positivo en la economía de los ciudadanos. Uno de los principales ejemplos es que los precios de las gasolinas no han disminuido en términos reales. A pesar de los discursos sobre autosuficiencia energética y soberanía, los mexicanos siguen pagando altos costos por los combustibles, lo que impacta a toda la cadena productiva y encarece el costo de vida.
El problema no radica solo en el precio de los combustibles, sino en la falta de una estrategia integral que permita mejorar la infraestructura y la eficiencia del sector. La política de privilegiar la refinación en el país, con proyectos como la refinería de Dos Bocas, no ha generado los beneficios prometidos.
Por otro lado, las reformas impulsadas en el sector energético durante el gobierno en turno no parecen estar diseñadas para detonar un crecimiento sostenido. La apuesta predominante por combustibles fósiles y el desdén hacia la participación de la inversión privada han generado incertidumbre y han limitado las posibilidades de expansión y modernización del sector.
Mientras otras economías avanzan en la diversificación de sus fuentes de energía y en la transición hacia modelos más sustentables, México parece estancado en una visión anclada en el pasado. La falta de incentivos para la innovación y la limitada inversión en investigación y desarrollo energético han colocado al país en una posición de desventaja frente a naciones que han apostado por energías más limpias y eficientes.
En esta tesitura, es particularmente preocupante que se haya desaprovechado la gran oportunidad que representa el desarrollo de energías renovables. Nuestro país cuenta con un potencial excepcional en materia de energía solar y eólica, que permitiría no solo garantizar el suministro eléctrico, sino también generar empleos, atraer inversiones y reducir la dependencia de los hidrocarburos. No obstante, las políticas gubernamentales han obstaculizado el crecimiento de este sector, imponiendo barreras a la participación privada y privilegiando esquemas de generación basados en fuentes contaminantes.
Sin duda alguna, la soberanía no se logra únicamente con el control estatal de los recursos, sino con una estrategia inteligente y sostenible que garantice el acceso a energía asequible, limpia y eficiente para todos. En lugar de aferrarse a modelos del siglo XX, el país debería enfocarse en una transición energética que aproveche sus ventajas naturales y se alinee con las tendencias globales. La apuesta por las energías renovables no solo permitiría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también contribuiría a la generación de empleos y al fortalecimiento de la competitividad del país en un mercado energético en constante evolución.
