El PRI rechaza tajantemente esta agenda, pues Morena pretende copiar el traje a la medida de Venezuela, donde Nicolás Maduro socavó instituciones para mantener el control.
No obstante, la intención de Morena choca con la realidad, ya que sin consensos amplios su reforma se convierte en una herramienta de control que amenaza el pluralismo.
En un momento crucial para México, donde la consolidación del poder parece primar sobre el equilibrio institucional, Morena impulsa una reforma electoral controvertida que hemos denominado una auténtica “Ley Maduro”. Esta propuesta busca remodelar el sistema electoral bajo el pretexto de austeridad y eficiencia, pero no es mera retórica, más bien representa un proyecto que emula el autoritarismo venezolano, silenciando minorías y capturando instituciones para perpetuar un régimen sin contrapesos.
Desde la llegada de Morena al poder en 2018, México ha experimentado una serie de reformas que han alterado el panorama institucional. La reforma judicial de 2024 modificó el equilibrio de poderes al someter la elección de personas juzgadoras al voto popular, un cambio que críticos interpretan como un debilitamiento de la independencia judicial.
Ahora, el enfoque se desplaza al ámbito electoral, donde la iniciativa surge como respuesta a lo que Morena califica de excesos en el sistema actual. Históricamente, el Instituto Nacional Electoral ha sido un pilar de la transición democrática, garantizando elecciones imparciales desde 1990. Sin embargo, ¿Qué planea Morena exactamente con esta reforma?
La iniciativa, que se prevé sea presentada en febrero, incluye la reducción del financiamiento público a partidos, la eliminación de 100 diputados y 32 senadores plurinominales, el replanteamiento de la representación proporcional y el adelanto de la revocación de mandato a 2027.
Esta Ley Maduro beneficiará solo a Morena, perjudicando a opositores y aliados al concentrar poder y debilitar contrapesos, con la sentencia de que “cuesta menos una democracia cara que una dictadura gratuita”, recordando que recortes drásticos podrían derivar en un sistema donde el crimen organizado influya sin frenos, similar a lo ocurrido en Venezuela.
¿Por qué no aprobarla? Porque no es una verdadera reforma, sino una regresión autoritaria disfrazada de austeridad. Eliminar plurinominales no solo reduce costos, sino que silencia minorías y favorece al partido dominante, violando principios de pluralidad. Además, un INE con menos recursos, pero más atribuciones abriría la puerta a elecciones manipuladas, con un impacto devastador como un Congreso con sobrerrepresentación, oposiciones testimoniales y un riesgo de perpetuidad en el poder, erosionando la confianza ciudadana.
En suma, México no necesita una “Ley Maduro” que nos regrese al pasado autoritario, pues Morena no quiere democracia, quiere dictadura. El PRI y la oposición de la mano de la ciudadanía debemos unir fuerzas para defender el INE y el pluralismo democrático, pues la historia nos enseña que las democracias mueren no por golpes, sino por reformas que las asfixian. ¿Permitiremos que México siga ese camino?
