*Senador de la República
@manuelanorve
El pasado 4 de enero se conmemoró el Día del Periodista, erigiéndose como un recordatorio adverso en un país donde informar con rigor y espíritu crítico se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Por ello, celebrar al periodismo hoy implica también denunciar el entorno hostil en el que se ejerce.
Desde que gobierna Morena, se han documentado más de 3,400 agresiones contra periodistas. Dicho dato no es una consigna ni una exageración retórica, es una realidad acreditada por organizaciones especializadas, informes públicos y testimonios que se repiten a lo largo del territorio nacional. Lamentablemente, golpes, amenazas, campañas de desprestigio, vigilancia, demandas judiciales y asesinatos forman parte de una estadística que debería estremecer a cualquier demócrata.
De acuerdo con la Organización Artículo 19, durante los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación se ha consolidado un clima adverso para la libertad de prensa, existiendo un patrón que combina descalificaciones desde tribunas oficiales, estigmatización sistemática del periodismo crítico, uso faccioso del poder público y una peligrosa normalización del ataque al que cuestiona.
Cuando desde el poder se desacredita a periodistas por el simple hecho de preguntar, investigar o incomodar, se envía un mensaje inequívoco, donde informar tiene consecuencias, disentir se castiga; y ese mensaje no solo impacta a quienes ejercen el oficio sino también lastima directamente a la sociedad, porque reduce el espacio público, empobrece el debate y debilita los contrapesos que toda democracia necesita para sobrevivir.
Atacar al periodismo no es gobernar, es intentar callar voces incómodas, es administrar el poder sin escrutinio, es confundir la crítica con la traición. Ningún proyecto político que se asuma democrático puede sostenerse sobre la descalificación permanente de la prensa, pues la verdad no se decreta ni se impone desde el micrófono oficial, más bien, se construye con hechos, con transparencia y con rendición de cuentas.
En este contexto, el reconocimiento no puede ser solo simbólico, debe traducirse en garantías reales para el ejercicio de la libertad de expresión; es decir, en protección efectiva para quienes investigan el abuso de poder y en un compromiso auténtico con el derecho de la sociedad a estar informada.
A pesar de ese contexto adverso, el periodismo mexicano no ha claudicado. Todos los días, en redacciones grandes y pequeñas, en medios nacionales, locales e independientes, hay reporteras y reporteros que deciden seguir investigando, aunque sepan que no habrá aplausos ni protección suficiente. Persisten porque entienden que su trabajo no es agradar al poder, sino servir al interés público. Esa perseverancia ética, silenciosa y constante, es hoy una de las últimas líneas de defensa frente al autoritarismo cotidiano y frente a la tentación de una sociedad resignada a no preguntar.
Sin duda alguna, sin prensa libre no hay democracia, sin periodistas que puedan ejercer su labor sin miedo, el poder se vuelve opaco y la ciudadanía queda a ciegas. Defender al periodismo no es defender a un gremio, es defender la verdad, la pluralidad y la posibilidad misma de una vida pública libre que tanto necesita nuestro país.
