Opinión
Juan Carlos Jaimes
Sin duda, no podemos hablar de la historia de la modernidad sin las acciones colectivas y los movimientos sociales, un binomio que ha traído cambios en las sociedades en un momento de desequilibrio institucional.
Los movimientos sociales son una respuesta a una crisis del sistema, pues implican una protesta por un sector de la sociedad que comparte una identidad, una ideología y un cúmulo de valores respecto a la búsqueda o reivindicación de derechos. Por lo que estos movimientos encierran transformaciones fundamentales de la vida en sociedad, teniendo como ejemplos el Movimiento Obrero surgido en Inglaterra en siglo XIX que buscaba mejores condiciones laborales reconociéndoles su derecho a huelga, a días de descanso, a formar sindicatos, entre otros; el Movimiento Ambientalista iniciado en 1950; la Resistencia Interna contra el Apartheid con Nelson Mandela en Sudáfrica; el Movimiento de los Derechos Civiles de los afroamericanos en Estados Unidos entre 1955 y 1968; el Movimiento Hippie de 1967 que se expresaba en contra de la Guerra de Vietnam con manifestaciones coloridas; así como la Primavera Árabe en 2010.
Y México no ha sido la excepción en cuanto a movimientos sociales que han buscado un desarrollo democrático. Tenemos los casos del Movimiento Magonista de 1892 que buscó una justicia social y que fue precursor de la Revolución Mexicana; el Movimiento Feminista de 1953 que luchó por la igualdad y el derecho al voto de las mujeres; el Movimiento Estudiantil de 1968 que fue un paso importante para la democratización del sistema político mexicano al manifestarse en contra del autoritarismo del gobierno; así como el Movimiento Zapatista de 1994 que buscaba y sigue buscando el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
De tal forma, los movimientos sociales en México han contribuido a la construcción de la democracia entendida no sólo en un sentido formal de elegir mediante el voto a los representantes, sino como una forma de vida que se construye bajo los principios de la libertad, igualdad, justicia social y pluralidad. Sin embargo, actualmente, es perceptible que el Estado mexicano no está cumpliendo con su deber primario en la conformación de la sociedad civil, que es garantizar el derecho a la vida de los miembros de su sociedad, que en este momento es el de las mujeres. Es por ello que la población femenina ha salido a expresar legítimamente su descontento por los altos índices de violencia del que es objeto, ya que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en nuestro país han aumentado de 7 a 10 feminicidios diarios en 2020.
Hay que señalar que, si bien es cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha mostrado indiferente a la causa feminista, no es un tema que sólo atañe al gobierno federal sino también a los gobiernos locales, municipales y a toda la sociedad mexicana. Estamos en un punto en que no podemos desarrollarnos como democracia si desdibujamos a las mujeres, si se les quita su subjetividad. No se trata de tomar medidas mediáticas, sino de desarrollar políticas públicas que impliquen interiorizar una ética que les permita a los individuos valorizar el papel de la mujer en la sociedad, y que se arraigue tanto en los mexicanos del hoy y del mañana, hasta que la dignidad de la mujer se haga costumbre.
