Todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado dejaron a un lado sus diferencias para defender un mismo objetivo, blindar el proceso electoral del uso indebido de recursos públicos. Con la creación unánime de una Comisión Especial de Vigilancia y Blindaje Electoral, se da una respuesta firme ante los riesgos de corrupción que históricamente han empañado la confianza ciudadana.

La importancia de esta Comisión radica en su composición plural. La integran legisladores de diversas fuerzas políticas: Ernesto Alanís (PRI), Delia Enríquez (Morena), Verónica González (PAN), Alejandro Mata (Morena) y Martín Vivanco (MC). Esta diversidad garantiza que el esfuerzo no sea visto como un instrumento de persecución partidista, sino como un mecanismo legítimo para proteger la equidad en la contienda electoral.

PRI, PAN, Morena, PVEM y Movimiento Ciudadano coincidieron en un mismo objetivo, evitar que los recursos públicos sean utilizados de manera indebida durante el proceso electoral. Más allá de diferencias ideológicas, esta comisión refleja la voluntad de todos los grupos parlamentarios de respetar la ley y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

¿Qué beneficios puede traer esta comisión? En primer lugar, un entorno más justo para la competencia política. Al garantizar que ningún candidato o partido tenga ventaja indebida, se fortalece la legitimidad de los resultados. En segundo, promueve la confianza ciudadana; cuando la gente sabe que el voto se respeta, participa más. Y en tercer lugar, protege el uso correcto de los recursos públicos, que deben destinarse a salud, educación o seguridad, no a campañas.

Pero ninguna institución puede hacerlo todo solo; la sociedad también tiene un papel fundamental. Denunciar irregularidades, exigir transparencia, cuestionar el origen de la propaganda política y participar activamente en los procesos electorales son formas en que las y los ciudadanos pueden contribuir al blindaje democrático. La vigilancia no es solo de los legisladores: es una tarea colectiva.

También se ha hecho un llamado importante a la Presidencia de la República, al Gobierno del Estado y a los 39 municipios para que capaciten y concienticen a sus servidores públicos sobre sus responsabilidades electorales. Esto no debe verse como un acto de hostigamiento, sino como una medida preventiva que fortalezca la cultura de la legalidad entre quienes manejan recursos públicos.

La Fiscalía General del Estado y el Instituto Electoral también han sido exhortados a actuar. Su rol es importante para investigar y sancionar conductas indebidas. Las leyes existen, pero deben aplicarse. Si alguien en el servicio público usa su posición para favorecer indebidamente a un partido, debe enfrentarse a las consecuencias; de eso se trata el Estado de Derecho.

En Durango, estamos ante un momento de definiciones. La creación de esta Comisión Especial no resolverá por sí sola los retos de la democracia, pero es un paso necesario. La política debe dejar de ser vista como un terreno para el abuso y empezar a consolidarse como una plataforma de servicio. La elección no empieza en las urnas, empieza con instituciones limpias, recursos bien usados y una ciudadanía vigilante. Cuidar las elecciones es, al final, cuidar a Durango.