El presidente norteamericano está convertido en un gobernante autoritario; en tan solo un año ha desmantelado los frenos y contrapesos de la democracia sojuzgando al poder legislativo (ni siquiera solicitó la autorización del Senado para la acción militar en Venezuela, aun y cuando es un requisito constitucional), presiona de manera constante al poder judicial para que los jueces no obstaculicen sus decisiones, ataca desde la cúspide del poder a medios de comunicación, universidades y corporaciones con el fin de imponer su voluntad.

Una vez que ha logrado un poder casi absoluto al interior de su país, va por la hegemonía imperialista en el mundo; Venezuela es solo el primer episodio, el segundo paso, según sus deseos hechos públicos, es apoderarse de Groenlandia —a pesar de las consecuencias en los equilibrios geopolíticos con Europa— para después intervenir en Colombia y México.

Para imponer un nuevo orden en el que Estados Unidos se fortalezca como la potencia dominante y el guardián imperial del mundo, el Mandatario se aleja de los principios y valores que entraña el ejercicio democrático del poder, actúa bajo la lógica de que el mundo real está gobernado por la fuerza, está gobernado por el poder más sólido, de ahí que se atreva a sostener —en una entrevista con el diario The New York Times— que “no necesita la ley internacional” para actuar militarmente en otro país y que su límite es únicamente “su propia moralidad, su propia conciencia”.

En esa actitud amenazadora hace a un lado el análisis que sostiene que un ataque militar unilateral del presidente norteamericano contra los cárteles de la droga en México traería consecuencias graves para ambos países en los ámbitos económico y social, porque se rompería la confianza que sostiene una relación compleja de varias décadas entre ambos países.

Si Estados Unidos incursiona militarmente en territorio nacional sin el permiso del gobierno de México estaría destruyendo la cooperación actual del gobierno mexicano para el combate al narcotráfico en la frontera más estratégica para su seguridad nacional, también se arriesga a generar incertidumbre y caos en la relación con su principal socio comercial. Alguien debe hacerle ver estos riesgos al presidente. La oposición demócrata estadounidense —aunque desconcertada por ahora— es la que puede asumir esa responsabilidad.

Ha sido evidente en los últimos meses que Trump hace, o al menos intenta hacer, lo que dice. No se detiene si puede quitarle por la fuerza a quien considera débil lo que le interesa a él y a la oligarquía que lo sostiene en el poder. A México lo ve frágil, a su gobierno lo considera sometido a poderes fácticos, de ahí que sus amenazas no son juego de palabras huecas, se deben tomar en serio; por tanto, el gobierno de México debe prever el escenario de una incursión extranjera.

En Venezuela, además de cobrarle cuentas pendientes a otro gobernante autoritario, tiene como objetivo principal controlar el petróleo de ese país sudamericano, por ello el viernes convocó en la Casa Blanca a representantes de las principales empresas petroleras de Estados Unidos para invitarlos a invertir en Venezuela; le interesa muy poco la restauración de la democracia y el beneficio económico para la sociedad venezolana, su política exterior busca proteger y acrecentar los intereses estratégicos de su país.

El presidente de Estados Unidos está convertido en el factor de riesgo más grande para la estabilidad mundial, situación que nace desde el interior de la nación norteamericana al momento de afectar la división de poderes, los frenos constitucionales y concentrar el poder en un solo grupo. Es en ese escenario donde se muestra lo peligroso que es desmantelar instituciones y contrapesos, donde el autoritarismo muestra sus fatales consecuencias y su rostro destructivo.