Algunas personas críticas del derecho humano a la ciudad lo ven más bien como una fórmula retórica de buenas intenciones, pues depende de políticas públicas, pero sobre todo de la buena voluntad de las autoridades y los gobiernos. Pues bien, lo que hay que dejar en claro es que, en efecto, como en el caso de todos los derechos sociales, las políticas públicas juegan un papel muy importante para su efectiva garantía; sin embargo, lejos de que ello reduzca el derecho a la ciudad a un plano meramente discursivo, conduce a lo contrario: a observar su incidencia práctica.

El Comité Europeo de las Regiones, instancia de la Unión Europea (UE) que funciona como asamblea consultiva de los representantes locales y regionales de la propia UE para darles voz directa como entes subnacionales, ha recogido en buena medida la participación de las ciudades en el marco institucional del viejo continente. En este sentido, hace unos días difundió 8 casos de éxito de ciudades que han contribuido en muy buena medida a avanzar desde lo local en una inclusión urbana extendida. Vale la pena referirnos a ellas aunque sea de manera somera.

En Rotterdam, Países Bajos, se ha hecho hincapié en caminar como una política de salud pública, observando riesgos sanitarios en las calles, ruido y exposición al calor como elementos necesarios de una planeación urbana. Mientras tanto, en Bruselas, Bélgica, se ha introducido un límite de 30 kilómetros por hora en el 90% de sus caminos, redundando en menos tráfico, calles más seguras y un aumento en el uso de bicicletas.

En Dublín, Irlanda, el Centro Urbano del Noreste observó la siembra de más de 370 árboles y la regeneración de los parques públicos en conexión con la atención a la salud mental, promoviendo la actividad física y la reconstrucción de los vínculos comunitarios. En Berlín, Alemania, se promovió una zona de bajas emisiones para prohibir los vehículos más contaminantes en un área de 88 kilómetros cuadrados, cayendo las emisiones de diésel en más de 60%. En Botkyrka, municipio ubicado en el área metropolitana de Estocolmo, Suecia, se diseñó un mapa de vulnerabilidad identificando a las personas adultas mayores más expuestas al calor extremo; el resultado fue que, cuando llegó la ola de calor en 2018, la municipalidad estaba lista con piscinas y personas cuidadoras.

En Stuttgart, otra ciudad alemana, se edificaron pasillos de ventilación, es decir, caminos verdes para que el aire fresco de los valles llegara a los vecindarios urbanos; más del 60% de esta urbe es ahora un espacio verde abierto. En Mazovia, región polaca que abarca a Varsovia, se lanzó un esquema de financiamiento para proyectos de aire limpio que beneficiara a sus 5.5 millones de habitantes, abarcando lavado de calles, estaciones de carga de vehículos eléctricos y campañas de educación cívica. Finalmente, en Viena, Austria, se piloteó un vecindario libre de carros, parecido a las supermanzanas de Barcelona, España, en donde se agregaron espacios verdes, zonas peatonales y bancas comunitarias.

Los anteriores ejemplos muestran que querer es poder y que cuando se acude a esquemas de gobernanza cooperativa con una fuerte reivindicación comunitaria y dialógica, las ciudades pueden crecer de forma sostenible y ser espacios mucho más óptimos, en tiempos donde el consumismo y los poderes salvajes del mercado amenazan a toda una civilización.