Minimizar, no cambia la realidad
Veracruz.
Sinaloa.
Palacio.
Realidad.
En política, minimizar los problemas se ha vuelto una estrategia recurrente, casi automática, cuando la realidad comienza a desbordar los discursos oficiales; sin embargo, el problema de fondo no es solo la narrativa, sino la desconexión que esta genera con la ciudadanía, porque mientras desde el poder se intenta suavizar, maquillar o incluso negar lo evidente, la gente vive las consecuencias en carne propia. Hoy, distintos episodios en gobiernos emanados de Morena reflejan una constante preocupante, frente a crisis ambientales, de seguridad o incluso éticas, la respuesta institucional ha sido restar importancia en lugar de asumir responsabilidad; y eso, más allá del cálculo político, termina anulando la credibilidad, que es uno de los activos más valiosos de cualquier administración pública.
El caso de Veracruz es quizá uno de los más ilustrativos de esta lógica, ya que la gobernadora, Rocío Nahle, decidió referirse al derrame de hidrocarburos en las costas del Golfo de México como “unas gotitas”, una expresión que, más allá de lo desafortunado, revela una intención clara de minimizar un daño ambiental significativo; las imágenes que circularon en redes sociales y medios de comunicación mostraban otra realidad, manchas visibles, afectaciones a ecosistemas y preocupación entre pescadores y habitantes de la zona. Este tipo de declaraciones no solo generan indignación, sino que también dejan de manifiesto una falta de sensibilidad ante un problema que impacta directamente en la economía local y en el equilibrio ecológico, y negar o reducir la gravedad no elimina el daño; al contrario, lo agrava al retrasar las acciones necesarias para atenderlo.
En el vecino estado de Sinaloa, la narrativa ha seguido un patrón similar; el gobernador Rubén Rocha ha insistido en matizar o minimizar los episodios de violencia que siguen golpeando a esa entidad, pese a que las familias continúan enfrentando una realidad marcada por el miedo, la incertidumbre y la pérdida de un ser querido; “maquillar” la inseguridad no la hace desaparecer; solo profundiza la percepción de abandono institucional, porque cuando las cifras oficiales contrastan con la experiencia cotidiana de los ciudadanos, se genera una fractura de confianza que difícilmente se repara. La violencia no se combate con discursos que buscan suavizarla, sino con estrategias claras, resultados tangibles y, sobre todo, con la empatía necesaria para reconocer el dolor de quienes la padecen.
Otro episodio que evidenció esta tendencia fue el intento por reducir la relevancia del caso de la funcionaria de la Secretaría de Hacienda captada tomando el sol en uno de los ventanales de Palacio Nacional, pues lejos de asumirlo como un hecho que ameritaba una explicación seria sobre el uso de espacios públicos y la conducta de servidores públicos, se optó por diluir el tema en la agenda mediática, utilizando incluso canales oficiales para restarle importancia. El problema no es el hecho en sí, sino lo que representa, una desconexión con el principio de responsabilidad pública, porque cuando se normalizan conductas cuestionables mediante la minimización, se envía un mensaje equivocado sobre los estándares que deben regir en el servicio público.
El descarrilamiento del Tren Interoceánico es otro ejemplo donde la narrativa oficial buscó reducir la dimensión del problema, incluso frente al dolor de familias que perdieron a un ser querido. En estos casos, minimizar no solo es una estrategia política fallida, sino una falta de respeto hacia las víctimas, la realidad no se modifica por decreto ni por discurso, y los ciudadanos no necesitan explicaciones que “suavicen” los hechos, sino respuestas que los atiendan. Gobernar implica reconocer errores, asumir costos y, sobre todo, actuar para resolver, porque al final, la gente no vota por gobiernos que expliquen por qué las cosas no son tan graves, sino por aquellos que tienen la capacidad de enfrentar lo que sí lo es.
