La reciente designación de nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), vuelve a colocar sobre la mesa una discusión que parecía superada, la autonomía del “árbitro” electoral, pues la Cámara de Diputados nombró a Arturo Manuel Chávez López, Frida Gómez Puga y Blanca Cruz García como integrantes del Consejo General de este instituto, con un periodo que se extenderá hasta 2035. En los hechos, más allá del procedimiento legislativo que los llevó al cargo, lo que hoy se cuestiona no es la legalidad del nombramiento, sino la legitimidad política de los perfiles, y ahí es donde se abre una grieta que, de no atenderse, puede convertirse en una fractura mayor en la confianza ciudadana hacia las elecciones en México, algo que, se supone, ya habíamos superado luego de la mala experiencia que resultó para México la elección presidencial de 1988.

Durante décadas, México luchó por construir instituciones electorales independientes, y en verdad que no fue sencillo desmontar el viejo modelo en el que la Secretaría de Gobernación organizaba las elecciones y, en los hechos, definía a los ganadores. Aquella lógica de los años ochenta, donde el gobierno era juez y parte, generó una profunda desconfianza social que derivó en reformas estructurales para garantizar imparcialidad; de hecho, la creación de órganos autónomos como el entonces IFE fue precisamente la respuesta a esa exigencia, pero hoy, sin embargo, la designación de perfiles cercanos al oficialismo revive fantasmas que se creían enterrados. No es menor la percepción de que el “árbitro” comienza a inclinar la balanza antes de que inicie el juego.

Lo que se observa es un intento claro de consolidar el control político en todos los frentes, es decir, el Poder Ejecutivo con amplia influencia, el Legislativo con mayoría alineada, y ahora un órgano electoral cuya integración genera dudas. En este contexto, el INE corre el riesgo de convertirse en una extensión partidista del morenismo, una especie de oficina alterna a Palacio Nacional para la definición de resultados electorales, y esa percepción, más allá de si es totalmente cierta o no, es profundamente peligrosa, porque en democracia, la confianza en las reglas del juego es tan importante como el resultado mismo, incluso si la ciudadanía asume que el resultado está definido desde antes, la participación habrá de disminuir y la democracia estaría perdiendo, aún más, legitimidad.

El caso de Durango no es ajeno a esta discusión, aquí, dos nombres llaman particularmente la atención, Maribel Aguilera, responsable de talleres gráficos donde se imprimen las boletas, y Laura Bringas, encargada del despacho de la vocalía ejecutiva en el estado. Ambas son mujeres capaces, con trayectoria y experiencia en el ámbito público, lo cual es innegable, sin embargo, también es cierto que sus vínculos con Morena generan dudas razonables sobre la imparcialidad de su actuación; no se trata de cuestionar nombramientos, ni mucho menos a perfiles por ninguna razón de género, sino de entender que en materia electoral, la confianza lo es todo, y cuando esa confianza se pone en entredicho, incluso el trabajo más profesional puede ser cuestionado.

La historia reciente de México había demostrado que era posible avanzar hacia elecciones más confiables, con instituciones sólidas y reglas claras, pero hoy, ese avance parece tambalearse frente a decisiones que privilegian la cercanía política por encima de la independencia institucional. El nombramiento de los nuevos consejeros del INE no es un hecho aislado, sino parte de una lógica de concentración de poder que busca eliminar contrapesos, y ahí radica el mayor riesgo, no en quién gana o pierde una elección, sino en la pérdida de certeza sobre quién decide realmente los resultados, porque cuando el “árbitro” deja de ser neutral, el “juego” deja de ser democrático.