He sostenido y sostengo que la disposición referida constitucionalmente no le es aplicable al actual presidente, en virtud de que fue electo por seis años, y de llevarse a cabo ese ejercicio se daría efecto retroactivo a las leyes vigentes en el momento de la elección.
La revocación de mandato, así como las consultas populares fueron aprobadas por la Cámara de Diputados y luego por la de Senadores. En los términos de la Legislación, la solicitud invariablemente deberá ser formulada por la ciudadanía y estar avalada por el 3 por ciento de la lista nominal del Instituto Nacional Electoral.
Además deberá ser satisfecho por 17 de las treinta y dos entidades federativas; mientras que la petición deberá hacerse durante los tres meses siguientes al término del tercer año de gobierno del presidente de la República que en el caso del amigo Andrés Manuel López Obrador será de diciembre del año en curso a febrero de 2022.
Por dondequiera que se le busque esto no tiene vuelta de hoja aun cuando AMLO argumenta que esa institución está prevista en la Carta Magna, lo que es cierto, pero también lo es que conforme la teoría general de la ley amparada en el mismo documento supremo, se reglamenta el nacimiento, vigencia, derogación o abrogación de la ley y con ello su aplicación espaciotemporal.
Pero también digo, que al compañero presidente le asiste la razón, aunque parezca perogrullesco. En efecto el artículo 35 conjuntamente con el 41 de le Ley Suprema otorga a los mexicanos el derecho a evaluar el quehacer presidencial y en el caso de que juzgue que no esté conforme con los ofrecimientos hechos en campaña y se haya alejado de sus pronunciamientos originarios se le podrá revocar el mandato, lo que significa que deberá abandonar el cargo, toda vez que la recién aprobada institución es vinculatoria y consecuentemente coercitiva.
Vivimos en un conglomerado, en una sociedad sujeta a reglas y cánones que nos compelen a un comportamiento que satisfaga las exigencias de las mayorías y en este sentido, filósofos del derecho, juristas, sociólogos, antropólogos, teólogos y demás exploradores de la conducta humana, están contestes en que el hombre es regido por cuatro órdenes normativos; a saber: jurídico, moral, social y religioso. Cada uno tiene su catálogo de enunciados, de normas, pero la diferencia radica en las consecuencias de su inobservancia.
El precepto jurídico tiene los siguientes atributos: heteronomía, bilateralidad, exterioridad y coercibilidad. La primera porque la norma jurídica deberá cumplirse aún en contra de la voluntad del individuo; es bilateral toda vez que confiere derechos pero también impone obligaciones; su exterioridad reside en que para el derecho lo que importa es el acatamiento, independientemente del aspecto volitivo del sujeto y la coercibilidad se da cuando el estado tiene que utilizar, si es posible la fuerza pública para lograr el acatamiento al marco jurídico.
Por consiguiente, la moral y la religión coinciden en la autonomía, unilateralidad, interioridad e incoercibilidad de sus mandamientos, mientras que la infracción a los convencionalismos sociales traen como consecuencia una sanción satírica, que es el señalamiento y la crítica social a aquellos que infringen los lineamientos de la colectividad.
Debo adelantar, que desde sus orígenes me decanté por la Cuarta Transformación y estoy convencido de la sujeción de Andrés Manuel a sus pronunciamientos electorales; y convencido todavía más de que los está implementando a cabalidad, con todas las obras en proceso en las diferentes regiones del país. Esto es precisamente lo que me hizo entender la postura del presidente, de someterse al escrutinio público el año entrante, al margen de la estructura jurídica y se está cobijando esencialmente en los principios éticos y sociales, que para una persona de principios, de valores y humanista es lo que interesa.
La revocación del mandato, para el camarada presidente tiene una asidera más ética y social que legal, y lo ha hecho saber en reiteradas ocasiones cuando manifiesta que el día que el pueblo lo repugne, lo objete, ese día dejará el cargo en virtud de que las motivaciones que movieron a sus electores consistentes en la confianza, en la esperanza, en el porvenir, han desaparecido y ninguna razón de ser tiene permanecer en el poder en contra de la avalancha de vituperios, diatribas, injurias y otras manifestaciones denostativas.
Para el bien nacido, cala e importa más el malestar popular que la imposición de una pena de prisión o pecuniaria. Esto es precisamente lo que distingue a los estadistas de los sátrapas, de los tiranos, de los regímenes autoritarios que arrasan multitudes aferrados a un mal llamado “principio de autoridad”.
Por esto precisamente, quienes han destruido al país y se han enriquecido a costa de los mexicanos, reprochan al presidente el que su actuar al frente del país no solamente es honesto sino moralizador. En su etiología y teleología, anida y florece la honestidad; el manejo del erario público con claridad y transparencia para que vaya a parar a la educación, salud, habitación, trabajo y demás cualidades de los auténticos mexicanos.
