Las nuevas leyes aprobadas fortalecen un marco jurídico actualizado y moderno, con mejores disposiciones jurídicas para ampliar el ejercicio de los derechos de las mujeres, la niñez y la juventud, así como la inclusión de los grupos sociales vulnerables.
Este legado impulsa el bienestar colectivo, la justicia social y refuerza los cimientos de un mejor futuro para nuestro Durango.
Gracias al principio constitucional de rendición de cuentas y transparencia, la sociedad tiene derecho a conocer el trabajo realizado por el poder legislativo del Estado. Al concluir el periodo constitucional de la LXIX Legislatura, se entrega a Durango nuevas leyes, reformas constitucionales y un fructífero trabajo parlamentario.
En un hecho poco usual, representantes populares de seis distintas fuerzas políticas hace tres años presentamos una agenda legislativa común en la que enlistamos reformas y nuevas leyes para avanzar en la protección de los derechos de las mujeres, ampliar el catalogo de derechos fundamentales en el texto constitucional, proteger a las jefas de familia, legislar en la atención a la salud mental y la inclusión de las personas con alguna discapacidad; en tanto que para el mejor funcionamiento gubernamental, nos propusimos concretar una reforma integral a la ley de fiscalización, actualizar la norma que regula la contratación de obra publica, así como la que moderniza la administración publica estatal y de los municipios. En todos los temas de esta agenda hay nuevas leyes que actualizan el marco jurídico.
Desde el inicio de la Legislatura -en septiembre de 2021- tuvimos claridad en que la productividad legislativa no debe ser calificada por el número de iniciativas, sino que el trabajo debe apreciarse en las sesiones del Pleno, en el arduo trabajo en comisiones, el contacto permanente con los representados y en la efectividad de las iniciativas presentadas convertidas en leyes, siendo que en este último rubro, las propuestas de las y los legisladores del PRI alcanzaron el 73% de efectividad legislativa.
El bienestar de las personas no solo depende las condiciones de vida con que cuentan, sino también de los valores humanos que garanticen al individuo la tranquilidad en todos los contextos personales y sociales, de ahí que se aprobó la Ley de Fomento y Cultura de Paz, que es reglamentaria de la disposición constitucional que convierte a Durango en el primer Estado en reconocer el Derecho a la Paz como un derecho humano. Con este proyecto legislativo la paz deja de ser un ideal subjetivo, para convertirse en un camino hacia una educación escolar, familiar y social constructora de una cultura de paz en todas las relaciones humanas.
A diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos, asumimos la condición de ser el Grupo Parlamentario mayoritario y del partido en el gobierno estatal, entablando un diálogo interno fructífero, con apertura a la pluralidad; mientras que en el trato con los otros dos poderes mantuvimos una comunicación constante para encontrar las coincidencias y prioridades que la sociedad de Durango demanda que atiendan las autoridades.
