Sin duda en los últimos años hemos visto un aumento exponencial de motocicletas, el detonante ha sido claro: el auge del comercio digital y de los servicios de entrega a domicilio. ¿Ventajas y desventajas? Uf, todo un caso.
Tan solo entre 2018 y 2024, las ventas en línea crecieron 300%, con una tasa promedio anual del 33%. Este fenómeno ha impulsado la proliferación de motocicletas como nunca antes. En la Ciudad de México, por ejemplo, ya circulan más de 750 mil unidades, y a nivel nacional las ventas de motos han superado a las de automóviles por segundo año consecutivo.
Este crecimiento, sin embargo, no ha venido acompañado de una regulación eficaz para proteger la vida y la integridad de quienes las conducen. Siete de cada diez solicitantes de certificación para motocicleta son repartidores, la mayoría jóvenes de entre 18 y 35 años. Muchos ingresan a esta actividad sin experiencia previa ni capacitación formal, exponiéndose, y exponiendo a otros a riesgos severos.
El dato es alarmante: los motociclistas concentran ya la mitad de las muertes viales. En CDMX, cada semana mueren cinco motociclistas. Y muchos de los que sobreviven enfrentan secuelas físicas, psicológicas y económicas que transforman por completo su vida y la de sus familias.
Se sabe que la causa más frecuente es el exceso de velocidad. Además, en el primer trimestre de 2025 se registraron 8 mil 659 motociclistas lesionados, lo que refleja una tendencia alarmante que exige respuestas institucionales inmediatas. Este escenario ya está desbordando otro frente crítico: el sistema de salud pública.
Recientemente en México se llevó a cabo el Intertraffic Americas 2025, un evento en el que especialistas en movilidad y salud advirtieron que hospitales públicos en distintas ciudades están recibiendo más lesionados por accidentes en motocicleta de los que su capacidad puede absorber. Lo que antes era una situación esporádica, hoy se ha vuelto un flujo constante de pacientes con lesiones graves, cirugías de urgencia, hospitalizaciones prolongadas y saturación de camas. El impacto en el personal médico, los recursos disponibles y la atención urgente es cada vez más visible. En un país donde el sistema de salud ya enfrenta retos mayúsculos, esta nueva presión demanda respuestas inmediatas.
El problema de las motocicletas ha dejado de ser una cuestión de movilidad para convertirse en una crisis de salud pública que aún no es tratada como tal. No basta con campañas informativas. Se necesita una actualización urgente del Reglamento de Tránsito, seguridad y la restricción a la importación de cascos defectuosos o vehículos que no cumplen con normativas internacionales. Esta coyuntura exige una coordinación transversal entre distintas secretarías como la de Movilidad, Salud, Economía, Trabajo y Seguridad Pública, tanto a nivel local como federal.
El Poder Legislativo también debe asumir su responsabilidad. El marco normativo actual ha sido superado por la velocidad con la que evolucionan los modelos de movilidad. Las motocicletas y el reparto digital deben ser reconocidos como parte estructural del sistema. Esto implica establecer derechos laborales, mecanismos de supervisión, capacitación obligatoria y corresponsabilidad empresarial.
La movilidad y la salud son derechos que deben ser garantizados con responsabilidad colectiva. Este es el momento de construir, entre todas las instancias, una política pública capaz de anticiparse, proteger vidas y responder a una realidad que ya no admite postergaciones.
En el caso de México, aun cuando está vigente la Norma Oficial Mexicana (NOM-194-SE-2021) de dispositivos de seguridad para vehículos ligeros, esta omite tecnologías de seguridad enfocadas a usuarios vulnerables, además de que no cumple con los estándares internacionales en esta materia. Si se cumpliera totalmente con esta, que incluye uso de sistemas de frenado antibloqueo (ABS), control electrónico de estabilidad, bolsas de aire y cinturones de seguridad en los vehículos, se evitarían 3.321 decesos, 178.926 lesiones y 185.873 años de vida ajustados por discapacidad, además de reducirse costos por 55.765 millones de pesos asociados con este tipo de incidentes. ¿Entonces?
