
Hemos olvidado que desde hace 12 años, a lo largo y ancho del país, los militares y marinos forman parte del paisaje común; se ha vuelto una imagen tan cotidiana, que hemos obviado cuál es su labor constitucional y asimilado que nadie sabe en realidad cuando podrán regresar a sus cuarteles, porque principalmente en esta guerra, la constante ha sido la debilidad institucional para prevenir, combatir y erradicar la corrupción. La corrupción ha sido un problema institucional muy grave desde hace mucho tiempo, basta con recordar a Gabriel Zaid que hace más de 30 años escribió:
“La corrupción no es una característica desagradable del sistema político mexicano: es el sistema”. Esta característica añeja que se ha perpetuado en el aparato burocrático combinada con el esquema violento de las organizaciones del crimen organizado ha generado un conflicto interno armado que ha cobrado, desde 2006, la vida de más de 230,000 personas, sumadas a las víctimas de desaparición forzada, cometidas por servidores públicos o particulares, que oscilan entre 35,000 y 40,000 personas. Las respuestas gubernamentales a los reclamos de combate a la corrupción y la inseguridad, a la postre violencia crítica; fueron durante muchas administraciones, como nos lo comentó el secretario Alfonso Durazo durante su comparecencia ante la Comisión de Puntos
Constitucionales, instituciones que carecían de los instrumentos normativos e institucionales para cumplir eficazmente con su labor. La polémica desatada en torno a la Guardia Nacional se ha expresado en diversos foros privados y públicos, todas las opiniones son valiosas y será nuestra labor fundamental como legisladores, incorporar todas opiniones que permitan construir un marco normativo robusto para ahora sí, crear una institución dotada de los elementos necesarios para cumplir con su objetivo que es: recuperar el control del Estado sobre la totalidad del territorio nacional. La pretensión presidencial de regular la actuación de la Fuerzas Armadas, es un paso necesario para darle certeza jurídica a los ciudadanos y a los elementos de las fuerzas armadas, que han salido a respaldar al Estado de forma profesional, institucional y leal, sin importar el partido en el Gobierno. Es mejor tener un marco regulatorio que prevea múltiples hipótesis que pueden ocurrir a no tener absolutamente nada, como desde hace 12 años.
La situación de emergencia actual en donde el Estado ha sido capturado en diversas regiones del país nos obliga a los integrantes de los Poderes de todos los órdenes y a los ciudadanos a actuar inmediatamente para construir una institución que garantice recuperar la seguridad pública en el menor tiempo posible, mientras construimos y fortalecemos el resto del entramado institucional para combatir y reducir al mínimo posible el problema más grave que nos ha llevado como Nación a esta crisis de horror en la que vivimos: la corrupción. Es la primera vez en muchas décadas que amplios sectores de la población se sienten revitalizados, animados por el futuro y la esperanza de que el país pueda transitar hacia mejores tiempos. No hay que perder la oportunidad de hacer cambios estructurales.