La Reforma al Poder Judicial y Sus Consecuencias

Una vez pasada la jornada electoral del 2 de junio, se ha retomado la discusión pública sobre la reforma al Poder Judicial propuesta por el todavía Presidente de la República. Hasta el final de su mandato, Andrés Manuel López Obrador tratará de debilitar a este poder.

A diferencia de los Poderes Ejecutivo y Legislativo –que son electos de manera directa por el voto popular-, los integrantes del Poder Judicial son designados mediante el procedimiento previsto en la Constitución y la ley respectiva. A diferencia de los otros poderes del Estado, la legitimidad del Poder Judicial recae en la solidez de sus resoluciones, en la fuerza de su motivación y fundamentación y no en el poder político. En contraposición, corresponde al Poder Judicial la impartición de justicia, existiendo siempre, dos partes en conflicto y habrá que definir a quién le asiste la razón.

En 1995 entró en vigor una reforma a nuestra Constitución para otorgarle a la Suprema Corte el carácter de tribunal constitucional, con la finalidad de garantizar en nuestro país el control constitucional de los actos del Estado, la protección de los derechos fundamentales y la auténtica división de poderes, crear la carrera judicial, el Consejo de la Judicatura Federal para transparentar la administración de dicho poder, así como erradicar el nepotismo y los actos de corrupción. Hoy, la reforma que se propone, pretende sepultar las bondades de aquella de 1995.

Si bien, las y los mexicanos merecen una mejor calidad de justicia, la reforma al Poder Judicial presentada, acarrearía diversos efectos negativos que significarán un franco retroceso en la justicia jurisdiccional, sólo por mencionar algunos:

Eliminación de la Carrera Judicial. En pocas palabras, la Carrera Judicial consiste en la profesionalización integral de la función jurisdiccional, a la que se le deben dedicar muchísimas horas de trabajo, estudio, dedicación, disciplina administrativa que solo se aprenden en los juzgados.
Impedimento de la especialización de jueces en materias de alta complejidad como el derecho financiero, telecomunicaciones, fiscal, entre otras, trayendo como consecuencia que muchos aspirantes propuestos no cubran el perfil del puesto que pretenden ocupar. Está por demás asegurar que se eliminaría la evaluación de jueces y magistrados.
Violación a los derechos laborales adquiridos por los servidores adscritos al Poder Judicial. De concretarse, más de 1600 jueces en funciones y casi 50 mil que se están en periodo de formación perderían los derechos laborales adquiridos que los protegen a ellos y a sus familias.
Y lo más grave, se politizarían las designaciones violentando la independencia judicial, el juez ganador tendría que quedar bien con el poder que lo propuso y con quienes lo votaron.

Se dice que habrá foros de discusión, esperemos que las aportaciones y evidencias de los que saben, sean tomadas en cuenta y no caigamos en una reforma más, propuesta desde el populismo.

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