Una vez más transitamos por la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer el domingo pasado. El 8M aglutinó cientos de miles de mujeres que salen a las calles con más que simples consignas plasmadas en cartulinas, en mantas y en su propia vestimenta. Gritos, consignas y cánticos que se volvieron peticiones no sólo al Gobierno sino a la sociedad entera que forma parte de un entramado cultural que sigue siendo un anclaje muy fuete e importante en la luchas de las mujeres por reivindicar derechos que nos pertenecen simplemente por nuestra calidad de seres humanos, por lo que a décadas de lucha feminista es incomprensible que mantengamos rezagos en política, economía y respeto.

Una de las peticiones en torno al 8 de Marzo está en permitir que quienes se quieran unir a la marcha lo hagan con el único requisito de ser mujer en el entendido que saben de las necesidades cotidianas que no están cubiertas y se convierten en un obstáculo para el desarrollo. Pero aparejado a ello también se pide que todas las personas que no acudan a la marcha, ya sea por género o razones personales, entre en un proceso reflexivo.

En ese proceso de reflexión hay que hacer un alto con una de las reformas más recientes en materia de género a nivel federal. Y a pesar de que se trató de normatividad aplicable a todo el país, uno de los grandes beneficios fue que dentro de los artículos transitorios se ordenara la armonización de las legislaciones locales en la materia a fin de establecer una reforma de gran calado.

Me refiero a la violencia política de género que implicó un gran avance y un proceso analítico de muchos años derivado de las reformas constitucionales y legales que dieron origen a las llamadas cuotas de género. En esa reflexión se encontró que, si bien existían ordenamientos que mandataban incluir a las mujeres en candidaturas, la realidad mostraba obstáculos insuperables que hacían nugatorio ese entramado legal construido.

En 2020 el Congreso de la Unión reformó diversas disposiciones para tipificar y sancionar la violencia política de género. De entrada la simple visibilización del término ayudó a poner sobre la mesa un fenómeno desfavorable para la democracia mexicana, pero, además, incluyó requisitos que implica una obligaciones de todas las personas para evitar este tipo de conductas que lastiman los derechos políticos de las mujeres.

Hoy, a varios años de la implementación nos encontramos en ese proceso de reflexión que arroja dónde podemos ajustar algunas circunstancias de esa normatividad que, como dije, se extendió a las legislaturas locales. Ello tiene que ver con el abuso y una falta de delimitación por parte de los tribunales para saber cuándo se trata de auténtica violencia política de género.

Con el paso de los años, una lucha loable y honesta se convirtió en un arma política que deslegitima la lucha feminista de varios años en materia social y política. Cientos de casos de denuncias superfluas que lo único que buscan acallar el debate han surgido bajo el falso velo de violencia política de género. Ello nos debe llevar a replantear una norma de gran importancia pero que requiere un análisis superior en términos de definición, pruebas y resoluciones que persigan el fin requerido por el legislador y no deslegitimar la lucha de las mujeres en la política.