
La semana pasada, en la Comisión de Justicia del Senado de la República escuchamos a los 27 aspirantes que aprobaron el filtro de elegibilidad que se estableció en la convocatoria para nombrar a la persona titular de la Fiscalía General de la República. Posterior a este ejercicio, la Comisión volvió a reunirse una vez que el Ejecutivo Federal recibió la lista de las 10 personalidades que el Pleno del Senado consideró idóneos y remitió la terna a la que alude el artículo 102 constitucional.
En una sesión de comparecencias que duró alrededor de 10 horas, abierta a los medios de comunicación y al público en general, trasmitida por el canal del Congreso, redes sociales y en la cual se aceptaron preguntas de la sociedad civil a través de un inédito sistema web diseñado para este fin (cabe resaltar que estos cuestionamientos fueron contestados en su totalidad por los comparecientes) los legisladores fuimos responsables, dada la importancia que revistió el nombramiento del primer Fiscal General.
Asumimos el compromiso de asegurar que el titular de esta Institución se conduzca con auténtica autonomía, pero ¿Qué es lo que le da independencia? Desde que diseñamos el marco normativo que regirá el actuar del Fiscal General de la República nos aseguramos de establecer no solo la autonomía en términos jurídicos, sino también presupuestal y técnica. La Ley Orgánica faculta al Fiscal a conducir las investigaciones mediante un esquema flexible a través de una auténtica política criminal transparente y sujeta a los principios de máxima publicidad y rendición de cuentas. Los senadores nos encargaremos de vigilar y verificar el trabajo que realice el Fiscal, por virtud de la facultad constitucional que tenemos de control parlamentario. Insisto, no le hemos dado al titular de la Fiscalía un cheque en blanco.
La decisión de nombrar al Fiscal fue por demás compleja, la terna que envió el presidente fue integrada por profesionales de alta calidad humana, profesional y técnica. El maestro Bernardo Bátiz es un extraordinario referente de la vida política contemporánea de nuestro país, un multifacético profesional cuyo trabajo ha permeado en la literatura, la Academia, la Administración Pública y el trabajo legislativo; con él coincido: para desterrar a aquellos que son como el coronel Relumbrón y al juez Bedolla hay que “dotar al contenido jurídico de valores y espíritu”.
A la maestra De Gyvés le expreso mi más alto reconocimiento por su trayectoria en el Poder Judicial de la Ciudad de México, su trabajo dentro de un Tribunal tan exigente y complejo es digno de admirarse, concuerdo con el siguiente postulado de su autoría: “es objetivo esencial de la Fiscalía General de la República, dignificar la figura del Ministerio Público de la Federación para que sus servidores públicos proyecten confianza a la ciudadanía”.
Al Fiscal General Alejandro Gertz le reitero todo el apoyo institucional del Senado en el sinuoso y complicado camino que ha iniciado; su labor será fundamental para el Estado Mexicano, que, en sus propias palabras, solo ha utilizado la acción penal como “un instrumento más de opresión, de humillación y de frustración para víctimas y ofendidos”. Su perfil, trayectoria y conocimiento de la Institución han sido considerados ideales por la mayoría de las fuerzas políticas para encabezar el restablecimiento del estado de Derecho. Es momento de desterrar la opresión y tiranía que el crimen y la corrupción han impuesto a miles de mujeres y hombres a lo largo del territorio nacional. Es tiempo de recuperar la Paz.