El consumo privado, medido por las ventas creció apenas 1.8% real en el primer semestre, frente a 4.7% de 2024. Este freno responde al menor dinamismo laboral, el agotamiento de las remesas y el encarecimiento del crédito. Como advierte el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (2025), “la economía mexicana enfrenta una pérdida de tracción que compromete el bienestar de los hogares de menores ingresos”.

En este contexto, la inversión extranjera directa (IED) sufrió un retroceso de 21% durante el primer trimestre, de acuerdo con cifras comparables de Banxico (2025). El fenómeno del nearshoring, aunque mantiene reinversiones, no está generando nuevos proyectos, derivado de la incertidumbre jurídica de la reforma a la Ley de Amparo, que limita suspensiones provisionales contra actos administrativos y financieros y erosiona la certidumbre jurídica, debilitando el principio de tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 17 constitucional, ha generado alarma entre inversionistas, que perciben un debilitamiento de los contrapesos judiciales.

El golpe simbólico más visible fue el cierre parcial de la armadora japonesa en Aguascalientes, que anunció el traslado de parte de su línea de producción a Brasil, ante los riesgos regulatorios crecientes. A ello se suman los reportes sobre la revisión del proyecto de expansión de Samsung en Querétaro, frenado por cambios en la política de incentivos fiscales. Ambos casos confirman que México está perdiendo atractivo como destino de inversión tecnológica avanzada.

Las remesas familiares alcanzaron 64 mil 745 millones de dólares en 2024, pero comenzaron a caer desde diciembre, con una baja anual de 4.9%, la más pronunciada en 11 años. En 2025, los flujos se estabilizaron en torno a cinco mil millones mensuales, sin crecimiento real. La causa principal es la desaceleración laboral en Estados Unidos, donde la tasa de desempleo latino subió a 5.1%, según el U.S. Bureau of Labor Statistics (2025).

En paralelo, el Paquete Económico 2025 implementó un incremento generalizado de impuestos, afectando el consumo y la producción. Se elevaron gravámenes en 26 productos básicos, desde bebidas y tabacos hasta productos ultraprocesados, y se restringió la acreditación del IVA en pagos de siniestros para aseguradoras, lo que eleva los costos de operación del sector y, por extensión, las primas para millones de asegurados.

El resultado es una presión inflacionaria indirecta que impacta en el bolsillo del consumidor y eleva los riesgos de una “burbuja de precios” en bienes y servicios esenciales. Como advierte el Instituto Mexicano para la Competitividad (2025), “los nuevos impuestos pueden incrementar hasta 12% el costo de la canasta promedio y frenar el gasto de los hogares”.

Aunque estas prioridades buscan ordenar las finanzas públicas, el retiro de gasto social directo afecta a los sectores más vulnerables. El modelo actual intenta compensar el déficit con mayores impuestos en lugar de revisar la eficiencia del gasto. Frente a este panorama, la solución no radica en seguir elevando impuestos ni en recortar inversión productiva, sino en reordenar el gasto público bajo criterios de eficiencia y focalización.

El estancamiento de 2025 no es producto del azar, sino del uso ineficiente del dinero público. México está tributando más que nunca, con aumentos al IVA, ISR y gravámenes selectivos, pero sin garantizar un retorno social equivalente. El país no necesita más impuestos, sino mejor gobierno: reglas claras, certidumbre jurídica, y un gasto social que priorice a quien realmente lo necesita.