¡Más violencias, pero hay esperanza!

Estamos ante una situación calificada por las organizaciones sociales, como una crisis de derechos humanos, con niveles críticos de impunidad, donde ya se destaca la necesidad de un enfoque integral, no sólo punitivo, sino urgido de que incluya prevención, justicia y desde luego, memoria para reconstruirnos como sociedad.

Dentro de su análisis, la causa central se encuentra en una doble derrota del Estado, ocurrido en lo que va del siglo XXI, y se manifiesta de manera simultánea como impotencia y como prepotencia del Estado.

La impotencia del Estado se expresa en su incapacidad para garantizar derechos, libertades y obligaciones.

Cuando el derecho no se hace valer, las personas quedan expuestas al abuso y a la arbitrariedad.

La prepotencia aparece cuando quienes detentan el poder, utilizan las instituciones para su propio beneficio, se colocan por encima de la ley y actúan sin controles ni rendición de cuentas.

Estas dinámicas no solamente no se excluyen, por el contrario, la debilidad del Estado frente al derecho permite que el abuso del poder se consolide y se justifique en este contexto, entonces la violencia no proviene únicamente de actores criminales, sino de la destrucción deliberada del Estado democrático y social de derechos.

Cada vez que el Estado resulta impotente para garantizar los derechos somos testigos de un nuevo triunfo de los violentos, recuperar al Estado, no implica apostar por la militarización, ni por un estado policial, sino por el fortalecimiento del derecho, como base de la paz y la convivencia social.

Es fundamental la reconstrucción del tejido social, pero es necesario recuperar el sentido colectivo del Estado y de los derechos, la paz sólo puede construirse desde la recuperación del Estado democrático y social de derechos.

El presidente de la conferencia del episcopado mexicano, Monseñor Ramón Castro, enfatizó que construir la paz, exige escuchar, discernir y actuar, es una vocación de toda persona para buscar un orden social de relaciones armónicas, poniendo en el centro a las víctimas y convencidos que la paz sólo se alcanza, si hay verdad, justicia y reparación.

Las conclusiones del encuentro destacan el gran reto de imaginar y reconstruir el estado que México necesita para recuperar la paz a partir de acuerdos que regulan la vida institucional y garantizan condiciones de vida digna para todas las personas.

El encuentro aporta tres claves fundamentales:

1. El Estado somos todas y todos, y la paz exige acuerdos colectivos desde lo local, esto implica la conversión de quienes lucran con la violencia y quienes permanecen indiferentes ante ella.

2. Es urgente construir un sistema social que integre las juventudes, hoy excluidas y vulnerables, y allí es importante escucharlos y construir junto con ellos.

3. No será posible una nueva convivencia, sin atender y sanar la herida de las personas desaparecidas y acompañar de manera prioritaria a las víctimas de la violencia.

El camino hacia la Paz pasa por refundar la comunidad, desde la escucha, el reconocimiento y el compromiso, abrir horizontes de Esperanza, para las juventudes y caminar del lado de las víctimas, teniendo como eje transversal la cultura del cuidado.

Habrá paz, cuando visibilicemos, rechacemos y encontremos alternativas frente a las violencias, de las que formamos parte.

Habrá paz, cuando seamos capaces de conmovernos y movernos ante el dolor ajeno.

Habrá paz, cuando cada individuo y cada sector decidamos ser una voz de corresponsabilidad y trabajo, pero también de exigencia y denuncia, una voz que no tolera la injusticia, el odio, la impunidad.

Habrá paz cuando recuperemos nuestra capacidad colectiva de cuidar y ser cuidados, cuando frente a las miradas de niños, asumamos la responsabilidad de construir las condiciones para que su futuro sea posible.

Habrá paz cuando el costo de guardar silencio y ser indiferentes, sea impagable.

El Segundo Diálogo Nacional por la Paz es un paso crucial en la transición de la denuncia a la acción local correspondiente. Es un ejercicio que representa un modelo de construcción de paz territorial y horizontal que busca superar la polarización poniendo en el centro, la dignidad humana y el dolor de las víctimas.

Se promovieron conversatorios en escuelas, parroquias, barrios, lo que metodológicamente permite escalar el conflicto a nivel micro y buscar la reconstrucción del tejido social desde la base y con un enfoque integral e intersectorial.

El Segundo Diálogo Nacional por la Paz representa una de las metodologías de construcción de paz más sólidas y estructuradas en México actualmente al promover que la paz se construya paso a paso desde abajo, su enfoque en imaginarnos un nuevo estado junto con herramientas prácticas sobre una ruta de esperanza tangible en territorios heridos.

Sin duda es una evolución metodológica crucial el paso de la indignación a la corresponsabilidad estructurada desde una perspectiva de metodologías para la paz.

Estos son los puntos clave de su impacto:

Enfoque en la paz territorial, este diálogo prioriza procesos situados en comunidades concretas, reconoce que la paz no es una abstracción, sino que se construye desde lo local, mediante el fortalecimiento de capacidades comunitarias.

El proceso se construye partiendo del análisis de la realidad, con un discernimiento comunitario que lleve a compromisos concretos. Esto permite que el diálogo no se quede en la retórica vinculado a las acciones, sólo de manera verbal.

Poniendo a las víctimas en el centro, el acierto metodológico fundamental es que las familias de personas desaparecidas y víctimas de violencia no son sólo invitados, sino que su voz guía el camino hacia la verdad y la reparación.

El encuentro ha puesto en armonía a las iglesias, a las universidades, a las empresas, a gobiernos locales, organizaciones civiles y esta pluralidad es vital para desmontar la lógica de un espectador y asumir que la paz es una tarea colectiva, no exclusiva del Estado.

integrar redes de mediadores comunitarios y escolares para las acciones locales.

Los gobiernos estatales han expresado su respuesta centrada en la coordinación operativa en el diálogo, participaron equipos técnicos de las 32 entidades federativas y han aceptado recibir las herramientas de sistematización generadas por el movimiento para integrarlas potencialmente en sus planes, de seguridad y de atención a víctimas.

En resumen, los municipios están adoptando la metodología como una herramienta de gestión de área, y el gobierno federal lo observa como un insumo, pero externo a su plan central de gobierno.