Entrando en el tema, esta semana fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que viene a modificar la política arancelaria referente a las importaciones de diversos productos a nuestro país, particularmente mediante el programa IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación), debido a los beneficios (ilegales) que obtenían diversos importadores al utilizar este programa de manera ventajosa. Entre las tantas fracciones arancelarias que entraron en este decreto resaltan aquellas que forman parte de la fracción 64 (industria del calzado).

¿Cómo es que los importadores tomaban ventaja del programa IMMEX? Este programa lo que busca es fomentar las exportaciones de producto nacional mediante la importación temporal de mercancías utilizadas para procesos industriales (terminar bienes y productos), difiriendo el pago del impuesto general de importación, del impuesto al valor agregado y, en su caso, de las cuotas compensatorias, con una condición general (entre otras más técnicas): que realicen un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación y/o a la prestación de servicios de exportación.

La industria del calzado nacional se concentra en dos estados: Jalisco y Guanajuato, siendo este último el que mayor concentración presenta, particularmente en los municipios de León, San Francisco del Rincón y Purísima. Los datos que se presentan a nivel estado son de suma relevancia, pues la información de los censos económicos concluye que nuestro estado (Gto.) concentra alrededor del 75% de la producción total nacional: más de siete de cada diez pares de zapatos que se fabrican en México. Para tratar de dimensionar lo anterior: las cifras preliminares de 2024 muestran una producción cercana a los 120 millones de pares, lo que nos arrojaría que Guanajuato concentró alrededor de 95 millones de pares producidos.  

Como podemos ver, la industria del calzado es pilar fundamental de la economía en el estado, y de esta dependen miles de familias, por lo que cualquier externalidad que pueda destruir las cadenas de valor debería ser mitigada mediante barreras de entrada o mecanismos legales en pro de la economía nacional (sí, es un discurso muy nacionalista).

Pero no todo es miel sobre hojuelas… defender a un sector productivo mediante mecanismos gubernamentales puede entorpecer y perjudicar al productor en el mediano y largo plazo, una vez que regrese la apertura comercial o se eliminen las barreras de entrada para más competidores. Lo anterior se da por la condición del productor ya que, al tener menos competencia, se entorpecen las líneas y cadenas de valor por el atraso en la transferencia de tecnologías, menor productividad, costos de producción más altos, entre otros.

Ahora bien, este decreto nos coloca frente a una encrucijada, pues mientras se busca defender a una industria en específico por su importancia, buscamos y conciliamos para que Estados Unidos no aplique una política similar que busque fortalecer y defender una industria tan grande e importante para ese país, como lo es la industria automotriz. Recordemos que esta industria, en nuestro país, ha sido blanco de constantes amenazas arancelarias por parte de nuestro vecino del norte. Y bajo el mismo criterio en el que nuestro gobierno aplica mecanismos de defensa, lo mismo buscarían los demás países en pro de sus economías y el bienestar de sus ciudadanos, porque detrás de cada punto porcentual de producción hay empleos, hay proveedores, hay familias enteras que dependen de esta industria.

Para concluir, estos mecanismos no buscan ser instrumento político o electoral (como otros pensarían), ni velar por los intereses de unos cuantos. Se trata de entender que, en este mundo tan dinámico y globalizado en el que vivimos hoy (que es muy distinto al de mañana), el bienestar económico y social de las familias es, y debe ser, quien rija el actuar de los gobiernos, siempre con prudencia, pero con tenacidad a la hora de tomar decisiones.